A lo largo de la historia legislativa en México, las reformas constitucionales en materia electoral y específicamente incluir artículos transitorios en las mismas se han empleado para atender necesidades particulares.

Actualmente, el Instituto Nacional Electoral y las dirigencias de los partidos políticos exploran opciones jurídicas para devolver financiamiento público a la Federación y ello se destine a los damnificados por los terremotos de este mes.

En diciembre de 1995, la especialista en temas electorales, Jacqueline Peschard, a través del artículo México 1994: Un nuevo marco electoral para la elección presidencial , escribió que la falta de credibilidad en los comicios mexicanos llevaba a que cada vez se insistiera más en concretar reformas a la legislación electoral.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (PRI) existieron tres reformas electorales, ello opinó en ese momento la hoy actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción se explicó porque los involucrados esperaban alcanzar elecciones transparentes y confiables.

Al mismo tiempo, esto reveló que una mayor flexibilidad de los procedimientos legislativos y los cambios sustanciales que se habían introducido para ese entonces no lograban garantizar confianza en los comicios.

Hacía falta un pacto expreso entre los principales participantes en torno a las condiciones necesarias para que el proceso electoral se reconociera como válido y así dar lugar a la transmisión pacífica del poder, prosigue en el texto Jacqueline Peschard.

Ciudadanización del IFE

Fue el 18 de mayo de 1994 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que se adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Y en los artículos transitorios de esta reforma se estableció que la elección de los Consejeros Ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) estaría a cargo de la Cámara de Diputados. Asimismo, estos funcionarios actuarían en el Consejo para el proceso electoral federal de 1994 y durarían en su encargo hasta el 30 de noviembre de 1994.

De acuerdo con el texto publicado en el Diario Oficial, en el articulado transitorio se estableció además que la LVI Legislatura de San Lázaro procedería a ratificar, o en su caso nombrar, a los consejeros ciudadanos para el periodo 1994-2002 en su primer periodo de sesiones ordinarias. Es decir, dio arranque a lo que se ha denominado como la ciudadanización de la autoridad electoral, una tarea que antes estaba a cargo del gobierno federal.

Remoción de consejeros del IFE

Años más tarde y frente a la renovación de todos los miembros del Consejo General del IFE que debía efectuarse cada siete años según la normativa vigente, en el 2003, la Cámara de Diputados nombró a Luis Carlos Ugalde como presidente de este instituto.

La gestión de Ugalde enfrentó el proceso electoral del 2006 cuando hubo una mínima diferencia entre el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, del PAN.

López Obrador argumentó un fraude electoral y hacia el 2007 se aprobó la Ley para la Reforma del Estado, cuyo proceso incluía trabajar en modificaciones a la ley electoral. En ese momento, los entonces coordinadores parlamentarios del PAN, Santiago Creel, del PRD; Carlos Navarrete Ruiz del PRI, Manlio Fabio Beltrones informaron que estos cambios incluirían la sustitución anticipada de los Consejeros del IFE, ya convertido en organismo independiente.

Es así que el 13 de noviembre del 2007 se publicó un decreto mediante el cual los propios partidos removieron a los consejeros del IFE, organismo autónomo y cuyo proceso de selección y remoción de integrantes estaba en la Constitución. La manera de descabezar al IFE fue en un artículo transitorio.

Recién el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, César Astudillo, explicó en entrevista para este diario que existe al menos un antecedente histórico sobre una reforma constitucional en materia electoral que fue aprobada en un marco de contexto político y social convulso en el país.

Se trató de la reforma en 1994 cuando se hicieron ajustes en la mecánica del proceso electoral en medio de un contexto de violencia en el país marcado por el levantamiento armado del Ejército Zapatista en Chiapas y el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio.

ana.langner@eleconomista.mx