En la actualidad las penas contra los servidores públicos que sean hallados culpables de tener nexos o participación con la delincuencia organizada podrían aumentar hasta en 50%, así lo dicta la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en su artículo 5.

Los castigos van de ocho a 16 años de prisión y de 500 a 25,000 días de multa para quien desempeñe cargos directivos y de administración de alguna banda criminal; así como de cuatro a ocho años de prisión y de 250 a 12,500 días de multa para quienes sólo formen parte de la organización delictiva.

Asimismo, se precisa que se aplicarán a cualquier servidor público acciones como destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos .

hoy en día, el Congreso de la Unión mantiene un par de iniciativas pendientes de aprobación en materia de combate a la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, así como de endurecimiento de penas a servidores públicos que cometan algún delito electoral.

También existen al menos dos iniciativas para modificar el estatus y las atribuciones a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade); la primera pretende dotar a la Fiscalía de mayor autonomía con personalidad jurídica y de patrimonio propios .

Además de una reforma que busca que la Fepade forme parte de la estructura orgánica formal de la PGR.

Se precisa, además, que la Fepade sería la encargada de profesionalizar a los agentes del Ministerio Público y demás personal técnico jurídico adscrito a la misma .