Profesionalizar a los servidores públicos y su trabajo; vigilar las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos; detectar, prevenir y desmantelar las redes de corrupción e implementar mecanismos de participación ciudadana y gobierno abierto son los ejes sobre los cuales debe estar basada la Política Nacional Anticorrupción, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Red por la Rendición de Cuentas.

Mediante el estudio: “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública”, el centro de investigación y la Red precisaron que los ejes propuestos pretenden “atajar las posibilidades de llevar a cabo actos de corrupción bajo un enfoque de derechos, (y) a consolidar los mecanismos para identificar las faltas”, se enfatiza en el documento.

Sobre la profesionalización, el estudio asesorado por Mauricio Merino, integrante de la Red y coordinador general de la ONG Nosotrxs, se indica que el nombramiento, ascenso y permanencia de los funcionarios públicos se debe basar en los méritos de los mismos.

“Para terminar con la llamada administración ‘de botín’ —funcionarios a modo— es necesario garantizar condiciones y sueldos adecuados, certeza y protección de derechos a los servidores públicos”, se agrega. En este sentido, se propone que existan mecanismos claros de separación del cargo de los funcionarios que lleguen a cometer algún acto de cohecho.

Sobre la investigación de actos de corrupción el documento propone desde la creación de protocolos específicos para la investigación de casos, hasta que las resoluciones emitidas por los jueces sean “tendientes a la reparación del daño”, además de que se incluye que las autoridades generen informes sobre los casos en los que se sospeche de algún acto de cohecho y no se ejerza acción penal.