En el estado de Quintana Roo, donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza 1 millón 325,578 habitantes, de los cuales 177,979 hablan maya, se llevó a cabo la traducción de la Constitución Política quintanarroense en esta lengua.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Inegi, en nuestro país más de 25 millones de personas son indígenas y 7 millones 382,785 hablan alguna lengua; el maya es la segunda con más hablantes después del náhuatl.

Entrevistado por El Economista, el diputado Luis Alegre Salazar resaltó que la traducción de la Constitución del estado, además de ser avalada por los tres poderes de la entidad, fue firmada por los ocho juzgados tradicionales que forman parte de la Ley Indígena.

“En Quintana Roo tenemos dos leyes, (incluyendo) la Indígena, y a diferencia de otros estados que tiene usos y costumbres, nosotros... tenemos una Ley Indígena avalada por la propia Constitución del Estado”.

La Ley Indígena quintanarroense tiene por objeto “el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y municipal, en la construcción de las relaciones con el pueblo maya y las comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos”.

El legislador manifestó que la traducción de este documento beneficiará a la población, principalmente maya, ya que de dicho documento “emanan todas las leyes del estado”.

Baja asistencia legal

El Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2017, reportó para ese año 6,000 personas que se autoreconocieron como indígenas y que se encontraban privadas de su libertad; de dicha cifra, 227 eran de Quintana Roo.

En el mismo informe se detalló que del total de esta población interna en centros penitenciarios del país, 459 eran pertenecientes a la comunidad maya.

El 14.8% de los indígenas detenidos manifestaron haber sido asistidos durante sus declaraciones por un traductor en su lengua; mientras que el resto (85.2%) expresó que no había recibido tal asistencia jurídica.

De acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre del 2015 la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8,412 personas.