El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó elaborar un proyecto de decreto para potencialmente liberar a un 43% de las personas privadas de su libertad por delitos no graves y que a la fecha no cuenta con una sentencia, lo que también incluirá a personas con dictamen de haber sido torturadas.

El decreto busca desahogar el saturado sistema penitenciario, donde casi la mitad de los internos se encuentran sin haber recibido una sentencia.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que fue instruida por el jefe del Ejecutivo para elaborar el decreto de liberación y prisión domiciliaria para dichas personas.

Indicó que actualmente hay 220,114 personas privadas de la libertad, de las cuales 94,574 (43%) no han sido sentenciadas.

“El decreto que nos está solicitando el señor Presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años (pueda) solicitar a través de este decreto, como una política penitenciaria, al juez de ejecución, que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria”, dijo Sánchez Cordero.

Argumentó que, incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

“También nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados”, añadió.

Sánchez Cordero dijo que el decreto que firmará el Presidente posiblemente la próxima semana, incluirá el beneficio para quienes hayan sido sometidos a la tortura.

“Quien alegue tortura y también se compruebe a través del Protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el Protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, son muy seguras las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos, también el señor presidente nos ha instruido de solicitar, por la causa de la tortura, la excarcelación de algunas personas privadas de su libertad”, mencionó.

Al respecto, el presidente López Obrador cuestionó: “la justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¡Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia! Esto lo tiene que atender el Poder Judicial”.

Por ello dijo que el decreto que firmará beneficiará a “quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados”.

Caso Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que en el posible escenario de tortura se encuentran Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín.

Indicó que en el caso de Israel Vallarta, detenido hace 16 años acusado de secuestro, delincuencia organizada y portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, el gobierno gestiona para que pueda recibir una sentencia en breve, y la secretaria Olga Sánchez estimó que podría obtener la excarcelación como sucedió en el caso de Florence Cassez.

Mencionó que en el caso de Brenda Quevedo, quien fue detenida en septiembre del 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y de secuestro, también ha denunciado haber sido víctima de tortura en dos ocasiones: en el 2009, en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y en el penal de las Islas Marías.

“En estos dos casos, la tortura, y subrayo, la tortura y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria del proceso por una parte, los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en este caso”, dijo Encinas Rodríguez.

En el caso de María Isabel San Agustín, persona indígena de Milpa Alta, ya tiene una sentencia definitiva de 60 años de prisión, pero también alegó tortura.

kg