A 6 años del asesinato de 22 personas, al menos 12 de ellas de manera extrajudicial, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el caso sigue impune y ejemplifica los riesgos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). 

Ante estos hechos, el Centro Prodh, añadió que continuar la militarización en el país no reducirá la violencia y sí generará riesgos para los derechos humanos.

Por ello, el Centro Prodh, recordó sobre los grandes pendientes en materia de justicia, verdad y reparaciones respecto del caso Tlatlaya, emblemático del incremento en las violaciones a derechos humanos que ha causado el papel de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad del Estado mexicano.

La organización ha señalado que sigue pendiente el esclarecimiento de la verdad y una resolución sobre las sanciones por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso; incluso pese a las sentencias de autoridades judiciales que ordenan agotar la cadena de mando para investigar la orden castrense que instruía a abatir delincuentes y de los pronunciamientos a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de procedimientos especiales, como el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales,

Mientras que el encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.

Este martes, se cumplió un año más del operativo realizado el 30 de junio de 2014, por elementos de la Secretaría de la Defensas Nacional (Sedena) en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México en donde 22 personas fueron asesinadas, entre ellas una menor de edad, esto a pesar de que las fuerzas armadas señalaron que los fallecidos habían sido resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería.

Desde entonces, a raíz de diversas investigaciones, se determinó que, de estas muertes, entre 12 y 15 fueron resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.

Cabe señalar que por el caso Tlatlaya, ocho militares fueron detenidos, sin embargo, quedaron en libertad en mayo de 2016, ya que no se contaba con los elementos suficientes para tenerlos en prisión. No obstante, en octubre de 2019 un juez ordenó la reaprehensión de siete de los soldados para que fueran enjuiciados, señalando que tres de ellos tenían causas penales pendientes por homicidio calificado.