El pecado original

El martes pasado, S&P Global ajustó la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa. La nota se mantuvo en BBB en moneda extranjera y BBB+ en moneda local, pero la calificadora ya advierte que, en los próximos 24 meses, podría haber un recorte. Los argumentos son los que llevamos años comentando en este espacio: bajo crecimiento, rigideces fiscales por pensiones, Pemex y CFE, así como incertidumbre por la renegociación del T-MEC.

Y es que las expectativas de la consolidación fiscal no se han materializado como se esperaba. El déficit del gobierno, en su sentido más amplio (RFSP), cerró 2025 en 4.8% del PIB, una caída desde el 5.7% de 2024, pero casi un punto arriba del 3.9% aprobado en el Paquete Económico, y se proyecta en 4.8% para 2026. La deuda neta pasaría de 49% a 54% del PIB hacia 2029. La economía creció apenas 0.8% en 2025 y 0.2% en el primer trimestre del año. Por si fuera poco, el lunes Hacienda recortó su pronóstico de crecimiento para 2026 de 3% a 2.3%; S&P Global estima apenas 1%.

Para poner esto en perspectiva, en la primera mitad de la década pasada México tenía BBB+ en S&P Global, A3 en Moody's y BBB+ en Fitch Ratings. Hoy estamos en BBB, Baa2 y BBB-, es decir, tres escalones perdidos en S&P Global y Moody's, y dos en Fitch Ratings. Y ya no es solo S&P Global: Moody's mantiene perspectiva negativa desde noviembre del año pasado y solo Fitch Ratings sostiene perspectiva estable, aunque en BBB- ya estamos en el último escalón del grado de inversión. Un solo recorte en Fitch Ratings y caemos al grado especulativo. Hace ocho años discutíamos en este espacio si México podía aspirar a A-; hoy, si podemos evitar el grado especulativo.

La frontera entre BBB- y BB+ no es un tecnicismo. Es la línea que separa la deuda apta para los grandes inversionistas institucionales —fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos— de la que no lo es, y la que define la pertenencia a índices de referencia como el JPMorgan EMBI IG. Una baja efectiva implicaría salidas forzosas de capital y un encarecimiento permanente del costo de fondeo soberano y de Pemex.

El meollo del asunto, como lo ha sido siempre, está en el raquítico o nulo crecimiento de la economía mexicana. No es que México tenga niveles de deuda insostenibles —estamos por debajo de gran parte de los países desarrollados—, sino que no crecemos. Por aritmética pura, un país que paga más por su deuda que lo que crece seguirá aumentándola sin una reforma fiscal.

La economía apenas ha crecido en casi una década y el PIB per cápita está prácticamente al mismo nivel que hace ocho años. Entre los diversos factores que limitan el crecimiento está la falta de un marco institucional claro y predecible bajo el cual los actores económicos puedan tomar decisiones de largo plazo e invertir su capital. La inversión no levanta a pesar de los múltiples esfuerzos desde Palacio Nacional: la inversión privada cayó 4.4% en 2025 y volvió a caer otro 4.5% anual en enero de este año, según el INEGI. Y esto es una consecuencia del pecado original: la reforma judicial.

Esta decisión, que se tomó en el sexenio pasado y este decidió llevar a cabo, está marcando la primera mitad económica de esta presidencia y está teniendo los efectos que se esperaban. Hoy México ofrece muy pocas certezas jurídicas, y si eso importa igual o más que las “ventajas naturales”, es lo que está frenando a la economía. Mientras no se reconozca ese problema de fondo, ninguna mesa de trabajo ni plan de infraestructura será suficiente, y lo que plantea S&P Global solo va a empeorar.