Repudiaron las afores, hoy quieren su dinero

Ahora que les gusta ponerse tan históricos en el régimen, hay que recordarles sus propios diagnósticos: apenas en su pasada campaña electoral del 2024, Claudia Sheinbaum sostenía que las reformas al sistema de pensiones de 1997 con Zedillo y del 2007 con Calderón condenaron a los trabajadores por “privatizar un derecho social y convertirlo en una mercancía financiera”. Sin embargo, hoy su gobierno no solo archivó la promesa de desmontar las cuentas individuales para regresar al viejo régimen solidario, sino que busca financiar el gasto público con el dinero que los trabajadores han acumulado en el exitoso modelo que tanto denostaron.

Y no solo van y coquetean con las Administradoras de Fondos para el Retiro para conseguir recursos para su llamado “Plan México”; este régimen ha lanzado dardos legislativos desde el 2020 para buscar la nacionalización de los fondos de las afores con el fin de fondear las obras insignia. Desde aquellas intentonas parlamentarias hasta la consolidación del Fondo de Pensiones para el Bienestar –que en abril del 2024 dispuso unilateralmente de las cuentas inactivas y ató el futuro de las jubilaciones a las inciertas utilidades de las opacas empresas paraestatales militares–, la ruta ha sido persistente. La pinza jurídica la cerraron con la aprobación, mediante esa mayoría silente y obediente, de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, con la que abrieron la puerta al uso del dinero de los trabajadores para paliar el desplome en la inversión pública presupuestaria.

Vale la pena detenerse a preguntar ¿qué habría ocurrido si este andamiaje legal hubiera existido hace seis años y se hubieran utilizado los recursos de las afores para financiar el Tren Maya, el AIFA o la refinería de Dos Bocas? Su mala planeación, el despilfarro, la corrupción y su inviabilidad financiera se habrían traducido en enormes minusvalías masivas e irreversibles. Que los feroces críticos del sistema de pensiones vigente no pierdan de vista que cerca de 58% del saldo histórico en el sistema no proviene de las aportaciones obligatorias, sino de los rendimientos compuestos generados en los mercados financieros.

Por algo son los propios mercados privados internacionales los que han exigido mayor cautela a las administradoras frente a los riesgos de iliquidez y encarecimiento financiero. Aunque desde el oficialismo se argumenta que hay filtros técnicos para usar los recursos de los trabajadores y un techo regulatorio de hasta 30% para infraestructura, el problema de fondo no es técnico, es institucional.

Invertir a plazos de 20 o 30 años exige certeza jurídica y contrapesos sólidos; lo que dejan ver con sus proyectos de infraestructura es una corrupción tolerada e impunidad garantizada, empezando por los familiares en los más altos círculos del poder.

Con el debilitamiento del Poder Judicial, con el acotamiento de los medios de defensa frente al poder público y con la restricción para que los capitales privados sean solo socios minoritarios sin mayores derechos, los fondos de pensiones quedan en absoluta indefensión cuando el Estado es a la vez juez, parte y dueño de los proyectos.

Las afores no son la caja chica ni el salvavidas fiscal; y cada cuenta para el retiro tiene un nombre y apellido propios.

Invertir a plazos de 20 o 30 años exige certeza jurídica y contrapesos sólidos; lo que dejan ver con sus proyectos de infraestructura es una corrupción tolerada e impunidad garantizada.