Reforma electoral sin deliberación: oxímoron democrático

Hace unos días comenzó a circular en diversos medios la versión de una reunión entre dirigentes de la alianza oficialista —Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo— para negociar la reforma constitucional en materia electoral anunciada por la titular del Ejecutivo. 

Más allá de la exactitud de lo publicado sobre esa reunión —en la que, según se dijo, habrían surgido tensiones por la falta de acuerdo en temas como las diputaciones plurinominales y el financiamiento público— hay un elemento que debería llamar la atención y escandalizarnos como mexicanos: que una discusión de tal magnitud se lleve a cabo a puerta cerrada y no en el espacio institucional que la propia Constitución prevé para deliberar sobre su contenido y el de las leyes que de ella emanan: el Congreso de la Unión.

Resulta difícil negar que el intento de alcanzar acuerdos previos fuera del procedimiento legislativo persigue, precisamente, evitar un proceso deliberativo abierto a la ciudadanía y con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

¿Para qué incorporar a las fuerzas políticas minoritarias cuando la alianza oficialista ha demostrado contar con los votos suficientes para impulsar una reforma constitucional sin necesidad de consensos ni negociaciones?

La respuesta podría parecer obvia, incluso ingenua para algunos. Sin embargo, la experiencia mexicana muestra que, desde la década de 1990, las reformas electorales más relevantes han surgido, en buena medida, por impulso de la oposición o como resultado de negociaciones entre la mayoría de las fuerzas políticas. Y no es casual: pocas materias exigen tanta legitimidad y consenso como aquellas que establecen las reglas del juego democrático.

El jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde sostenía que la legitimidad democrática consiste en la posibilidad de reconducir al pueblo las decisiones relativas al ejercicio del poder. Por ello, cuando se trata de establecer las reglas que, a su vez, habrán de permitirnos elegir a nuestros gobernantes y representantes, la noción de legitimidad democrática –es decir, la idea de que esas reglas provienen del pueblo– adquiere una relevancia fundamental.

En la misma línea, el constitucionalista chileno Fernando Atria sostiene que la legitimación democrática posee una doble dimensión: una material, fundada en la noción de voluntad general —que supone distinguir entre la voluntad del pueblo y la simple suma de voluntades individuales—, y otra orgánico-personal.

Esta última, parte del reconocimiento de que la voluntad popular no puede expresarse de manera directa, sino únicamente a través de representantes. Para Atria, se trata de la forma más evidente de legitimación democrática: si toda decisión que implique el ejercicio de potestades públicas debe poder reconducirse al pueblo, la condición básica es que quienes ejercen esas potestades lo hagan precisamente por decisión de la ciudadanía.

Si la reforma electoral se define en lo oscurito, si el debate sobre su contenido ocurre en reuniones a puerta cerrada entre actores cuya legitimación democrática es incierta, el resultado podrá reunir los votos necesarios para incorporarse a la Constitución —como consecuencia de la super-mayoría oficialista—, pero difícilmente contará con la legitimidad democrática que una transformación de tal magnitud exige.

El problema es que, desde la conformación de la legislatura actual, el Congreso de la Unión parece haber dejado de actuar como el foro institucional donde las visiones divergentes se confrontan, se discuten y, en la medida de lo posible, se traducen en normas jurídicas, para convertirse en una mera oficialía de partes que se limita a recibir y tramitar la voluntad legislativa de unos cuantos.

Quienes defienden esta forma de legislar apelando únicamente al resultado de las urnas parecen pasar por alto el valor de la deliberación democrática. Diversos pensadores del derecho y la democracia —como Jürgen Habermas, Carlos Nino o Hans Kelsen— han insistido en que la aceptación social de una norma depende, en gran medida, de que su creación haya seguido un proceso abierto, plural e institucional. No porque todos deban estar de acuerdo con el resultado, sino porque todos hayan tenido la posibilidad de participar en su construcción. Los regímenes que han ignorado esta premisa, tarde o temprano, han terminado pagando un costo elevado.

Precisamente por este motivo, cuando ese proceso se percibe como una simulación, la norma podrá ser válida en términos legales, pero carecerá de legitimidad para un sector importante de la población. Y en materia electoral, esa falta de legitimidad tiene efectos especialmente delicados: erosiona la confianza en las reglas que organizan la competencia política.

Si se toma en cuenta que —más allá de la forma en que quedó integrado el Congreso de la Unión— los partidos de oposición concentraron, en conjunto, cuatro de cada diez votos emitidos por la ciudadanía, una reforma electoral que se discuta, se elabore y se pacte excluyéndolos nace con un déficit de origen difícil de subsanar.

La reforma podrá aprobarse con la sola fuerza aritmética de la mayoría oficialista. Pero solo podrá sostenerse en el tiempo si surge de un proceso deliberativo genuino. Sin esa deliberación, la reforma podrá ser legal; difícilmente será democrática.