El primer informe

Pues bien, ayer 01 de septiembre, se cumplió la primera cita de la presidenta Claudia Sheinbaum con la rendición de cuentas que marca nuestra Constitución. Lo primero que hay que destacar de este ejercicio, fue la determinación de la titular del Poder Ejecutivo para iniciar con un mensaje claro, se trata de trabajar dando continuidad a lo hecho por el expresidente López Obrador, y con ello, lo primero que presumió fue lo que reportó recientemente el Inegi, que entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza 13 millones de mexicanos. Curioso iniciar un primer informe de gobierno haciendo énfasis en un logro central de su antecesor.

Después de esta mención, la presidenta entró a hacer un repaso sobre varios temas en los que trató de destacar avances. No podía faltar que presumiera 18 temas en los que hubo reformas durante este primer año de gobierno. Sobra decir que hoy, ninguna de esas reformas ha probado ser exitosa.

En el rubro del crecimiento económico, adelantó que su gobierno estima que este año se registrará una tasa de crecimiento de 1.2%. Lo que es aún más que optimista, pues tan solo ayer en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a agosto, el Banco de México dio a conocer que la mayoría de los analistas encuestados estiman que la economía crecerá este año apena un 0.4%, y en 2026, un magro 1.4%, o sea, casi la misma tasa de crecimiento que la presidenta anunció, pero para 2025.

Presumió que en México se goza la mayor libertad de expresión de toda la historia. Es un pronunciamiento que desde luego no puede darse por bueno así a bote pronto. Sobre todo, cuando hemos sido testigos de diversas decisiones que han emanado de diferentes instituciones del Estado Mexicano, como son algunos jueces locales o autoridades electorales locales, respecto de las que la 4T indudablemente tiene no solo una marcada influencia, sino también una fuerte ascendencia, autoridades que han emitido decisiones absurdas que han atentado contra la libertad de expresión, de ciudadanos y periodistas. Quizá las decisiones no han emanado desde el ámbito federal, pero desde éste no se ha hecho nada para persuadir a que ese tipo de decisiones caprichosas no sean adoptadas. Por ello, no se puede aceptar a priori ese pronunciamiento tan concreto de la presidenta. Junto con ello, tampoco se puede aceptar la afirmación de que en nuestro país no hay censura. Por supuesto que sí han ocurrido actos de censura.

Por otro lado, la presidenta destacó que el nivel de endeudamiento se mantiene en un 50% del PIB. Lo que no aclaró la presidenta es que ello ha ocurrido a costa de frenar el gasto de manera sustantiva, y peor, de reducir el ritmo de inversión pública en grado significativo, lo que por supuesto le ha pegado a la capacidad de crecimiento de nuestro país.

Otro aspecto que llamó poderosamente mi atención es que, al referirse a la reforma en materia de telecomunicaciones, la presidenta se haya referido al derecho de las audiencias y al internet como los logros centrales. No es que esos temas no sean relevantes, pero el hecho de que la titular del Ejecutivo se enfoque a ello como el principal logro de esa reforma, nos muestra con claridad que en realidad no hay una política de telecomunicaciones o de inclusión digital plenamente definida. Eso me preocupa de manera importante porque significa que podríamos estar frente a otros seis años para el ecosistema digital sin mucho rumbo. Ojalá que no sea así.

En la parte del campo, la presidenta habló de un desempeño que pareciera no ser consistente con un panorama complicado que se observa al menos en el segmento de la producción de granos. Por su parte, en el caso de Pemex, lejos de reconocer que el desempeño operativo de la empresa se ha complicado más de la cuenta, la presidenta destacó orgullosa que se producen 1.8 millones de barrilles de petróleo diarios, lo que en realidad está por arriba del último dato publicado por la paraestatal, que reportó que en julio apenas pudo producir 1.648 millones de barriles por día, lo que no es 1.8 millones. En fin.

*El autor es economista.