¿Justicia o popularidad?

Imagine que su empresa lleva meses intentando cobrar una deuda a un cliente. Tras varios recordatorios, decide acudir a tribunales civiles. Pero hay un problema: el juez que llevará el caso fue electo por voto popular, y su campaña—por debajo del agua—fue financiada por el mismo cliente moroso. La imparcialidad, de entrada, está comprometida.

Ese absurdo ya no es hipotético. Desde el 1 de junio de 2025, México elige a sus jueces mediante el voto popular. Lo que comenzó como una venganza de un expresidente, ahora alcanza a todo el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte. Un modelo donde la legitimidad ya no emana de la Constitución, sino del aplauso.

La justicia en México enfrenta hoy su mayor amenaza en décadas: el fin de la neutralidad judicial. La reforma no solo cambia el método de selección. Modifica el ADN del sistema: transforma la función judicial en una competencia electoral. Y en ese terreno, la lógica es otra: gana quien sabe hacer campaña, no necesariamente quien sabe de derecho.

Al someter a jueces al escrutinio de las urnas, se distorsiona el propósito mismo del Poder Judicial. La ley deja de ser brújula y se convierte en moneda de cambio electoral. La justicia se politiza, y con ella, se instala la incertidumbre jurídica.

El gobierno fue advertido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y múltiples voces internacionales alzaron la voz sobre el retroceso institucional que implicaba esta reforma. No fueron escuchados. La narrativa oficial prefirió interpretar las elecciones generales como un mandato irrestricto para transformar todo, incluso aquello que debería estar blindado del vaivén político.

Pero los ciudadanos votaron por candidatos, no por jueces ni por una reconfiguración del sistema de justicia. El resultado: una elección caótica, marcada por confusión en las boletas y desinformación generalizada. Una supuesta “democratización” que nadie pidió en esos términos, pero que se impuso desde el poder.

Peor aún, jueces en funciones fueron removidos antes de concluir sus periodos. Se quebró así un principio básico: la estabilidad en el cargo. La experiencia técnica acumulada se desechó para abrir paso a perfiles con lealtades políticas o con popularidad fabricada. En momentos donde más se necesita capacidad jurídica, lo que se impone es la obediencia.

Las repercusiones no son solo legales. La American Society, en un caso reciente, decidió posponer el anuncio de una inversión estratégica en México debido a la falta de certeza jurídica. ¿Para qué invertir en un país donde las controversias comerciales se resolverán según quién ganó la última elección?

Además, la reforma puede vulnerar compromisos adquiridos en tratados como el T-MEC, al atentar contra principios de estabilidad, protección de inversiones y cumplimiento de contratos. No es solo un debate técnico; es una señal de alerta para cualquier socio comercial.

Sí, el combate a la corrupción judicial es necesario. Pero el remedio no puede ser más destructivo que el mal. La elección popular de jueces no garantiza independencia ni mejora la justicia; garantiza, en cambio, su politización.

¿Queremos jueces que busquen votos o que busquen justicia? Esa es la verdadera disyuntiva. Porque sin un poder judicial autónomo, no hay Estado de derecho. Y sin Estado de derecho, la democracia es solo una palabra vacía.