Instituciones internacionales: un faro sobre lo interno

El régimen no tiene posibilidad de asfixiar financieramente a los organismos internacionales que documentan la realidad de México. Mientras que a nivel interno se busca el control, afuera se documenta el retroceso económico, democrático e institucional.

Hay poca difusión, sin duda, pero ahí están los análisis como el que hace el instituto sueco V-Dem sobre las condiciones democráticas con la conclusión demoledora de que México está ya catalogado como una “autocracia electoral”.

No es el final de los comicios ni del sistema democrático formal, apunta V-Dem, pero sí una degradación de su funcionamiento que inició López Obrador tras la elección del 2018 y que ha continuado hasta ahora con el apropiamiento de los poderes Legislativo y Judicial.

Recientemente, el Índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP) mostró datos duros sobre el lugar que ahora juega México en el concierto mundial.

Nuestro país ocupó en la más reciente medición el lugar 121 de 143 países evaluados, con un retroceso de tres lugares en solo un año. En la región latinoamericana, México ocupa el lugar 28 de 32, muy similar a naciones como Nicaragua, Haití, o a la Venezuela de octubre del año pasado.

WJP es una organización estadounidense que se financia de manera global, V-Dem se mantiene con fondos suecos, donaciones internacionales y fondos de universidades del mundo; no dependen de la deducibilidad fiscal en México, así que sus investigaciones quedan fuera de las administraciones restrictivas del SAT, quedan fuera de la aduana ideológica del régimen.

Cuando se toman decisiones económico-financieras que involucran a México hace falta más que buscar influir en la percepción, como se pretende cada conferencia mañanera, es indispensable una evaluación que sirva de faro a los inversionistas al momento de evaluar su costo de oportunidad.

WJP y V-Dem no son los únicos que encienden los focos de alerta en nuestro país. Human Rights Watch, en su informe mundial de este año, califica la situación en México como un “retroceso democrático sistémico”. Advierten que la reforma al Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos han erosionado el orden internacional y los contrapesos necesarios para una democracia funcional.

La OCDE, que tanto usan en la mañanera para comparar tasas de desempleo, publicó el mes pasado un informe en el que advierte que la incertidumbre política en México y la falta de reformas estructurales para combatir al crimen organizado son los principales obstáculos para aprovechar el nearshoring.

El Fondo Monetario Internacional, en su revisión más reciente de este año, además de advertir sobre los riesgos fiscales, asegura que los cambios legislativos internos han frenado el consumo y la inversión privada.

Amnistía Internacional este mes lanzó una alerta sobre cómo México utiliza el sistema fiscal y judicial para vigilar y asfixiar a los defensores de los derechos humanos.

El Democracy Index de The Economist Intelligence Unit ubica a México como un “Régimen híbrido” entre la dictadura y la democracia defectuosa.

Las firmas calificadoras también mantienen opiniones al menos escépticas sobre el desempeño institucional de México.

En fin, son muchos los organismos locales e internacionales que ven lo mismo, no como una percepción, sino como una evaluación técnica de dónde está y hacia dónde va México.