En el INE, una prueba de confianza económica

La caída de Guadalupe Taddei responde a una contradicción estructural que el propio régimen suele tolerar en sus cuadros de partido, pero que se vuelve insostenible cuando el cargo exige una fachada mínima de neutralidad técnica.

Mientras que muchos políticos con etiqueta tradicional navegan protegidos por la lealtad ideológica y los pactos de impunidad corporativa del movimiento, el arbitraje electoral exige un nivel de legitimidad operativa que la gestión de Taddei pulverizó con sus escándalos, poniendo en riesgo el funcionamiento operativo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El régimen blinda a muchos operadores políticos, porque su rentabilidad electoral compensa sus excesos; sin embargo, Taddei se convirtió en un pasivo tóxico que vulneraba la narrativa institucional del propio gobierno, que ya había logrado la captura de los órganos electorales.

Durante años, se han debilitado los contrapesos al poder presidencial –desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta el Poder Judicial– y el árbitro electoral no fue la excepción.

Para los mercados y los inversionistas, la salud democrática no es un accesorio superficial para la asignación de sus recursos; es el pilar de la confianza económica. En la economía global, el capital no solo evalúa las tasas de interés o los beneficios fiscales y comerciales, sino también la solidez del Estado de derecho.

La erosión de la autonomía electoral –de la mano de la degradación institucional generalizada– forma parte de los costos determinantes al tomar decisiones de inversión en el sector privado.

Es una realidad que se nota en los montos de inversión de los últimos años: la apropiación y desmantelamiento del Poder Judicial, la extinción de los organismos reguladores autónomos y las modificaciones legislativas que acotan las libertades individuales han enviado señales profundamente alarmantes a los mercados. Cada golpe autoritario reduce la certeza jurídica que las empresas requieren para desembolsar capital a largo plazo.

Por ello, la bochornosa dimisión de Taddei abre una oportunidad inesperada que adquiere una dimensión económica muy trascendente.

La salida de la consejera presidenta del INE brinda un margen estratégico para que el gobierno de la presidenta Sheinbaum envíe un mensaje de confianza en un área, la electoral, donde se ha hecho mucho daño a la democracia y a la certidumbre, e institucionalmente se asumieron posturas profundamente arbitrarias, como la manipulación de las leyes para consolidar una sobrerrepresentación legislativa artificial.

Esta sola decisión abre una encrucijada crucial para el gobierno y podría otorgarle un respiro de cara a la segunda parte del sexenio. Tras el alto costo reputacional pagado por la captura judicial y la destrucción de las autonomías que protegían la certidumbre económica, el régimen tiene ante sí la oportunidad de recuperar una porción de la credibilidad perdida. Y no se trata, para nada, de entregar a sus adversarios la conducción electoral, sino de impulsar un perfil técnico, imparcial y verdaderamente independiente para encabezar el INE.

Esa jugada pragmática permitiría atajar el gran reto que ya reconocen dentro del propio gobierno: sin un incremento de la inversión privada y de la confianza de los agentes económicos, la economía podría entrar en un espiral descendente de costos políticos y sociales muy elevados.

La salida de la consejera presidenta del INE brinda un margen estratégico para que el gobierno de la presidenta Sheinbaum envíe un mensaje de confianza en un área, la electoral, donde se ha hecho mucho daño a la democracia y a la certidumbre.