Gasolinas: cuando la voluntad política no alcanza

En un entorno internacional marcado por volatilidad energética, tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias persistentes, el gobierno mexicano apostó por una estrategia de coordinación con el sector gasolinero para contener el impacto del precio de los combustibles sobre la economía familiar. Durante varios meses, el modelo permitió mantener cierta estabilidad en los precios mediante acuerdos voluntarios, estímulos fiscales y ajustes en los márgenes comerciales.

La lógica detrás de la estrategia era clara: evitar que el encarecimiento internacional de los energéticos se trasladara de forma abrupta a la inflación y al gasto cotidiano de millones de familias mexicanas. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo y se intensificaron las tensiones internacionales, el esquema comenzó a mostrar señales evidentes de desgaste.

El cierre parcial del estrecho de Ormuz, las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el incremento global en los costos energéticos comenzaron a presionar toda la cadena de suministro de combustibles en México. Frente a ello, la Secretaría de Hacienda reactivó estímulos fiscales y el gobierno amplió los acuerdos para contener también el precio del diésel.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló recientemente que el gobierno federal destina aproximadamente 5 mil millones de pesos semanales para evitar incrementos en el precio de venta al público de gasolinas y diésel. En términos prácticos, esto implica una importante renuncia recaudatoria derivada de los descuentos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como mecanismo para compensar el incremento en los precios internacionales del petróleo.

Poco a poco, la estrategia dejó de descansar únicamente en acuerdos voluntarios y comenzó a depender cada vez más de subsidios públicos y de la absorción de costos por parte del sector privado. Bancos, empresas de vales y distribuidores redujeron comisiones y márgenes para sostener artificialmente los precios.

La realidad terminó imponiendo costos que ningún acuerdo informal podía absorber indefinidamente. Y ahí apareció uno de los principales problemas de fondo: México sigue enfrentando debilidades estructurales importantes en su mercado energético.

Persisten profundas diferencias regionales en costos logísticos, dependencia de infraestructura concentrada, asimetrías en transporte y almacenamiento, así como mercados ilegales de combustibles que siguen distorsionando la competencia.

La discusión pública, sin embargo, ha tendido a simplificarse. De un lado, quienes consideran cualquier intervención estatal sobre precios como una amenaza automática al funcionamiento del mercado. Del otro, quienes asumen que basta la voluntad política para contener indefinidamente choques internacionales sobre bienes estratégicos.

Ambas posiciones dejan de lado un elemento importante: el propio marco constitucional mexicano sí contempla mecanismos temporales de intervención cuando existen circunstancias extraordinarias que afectan bienes esenciales para la economía nacional.

El artículo 28 constitucional y la Ley Federal de Competencia Económica prevén la posibilidad de establecer precios máximos bajo ciertas condiciones excepcionales, particularmente cuando existen problemas de desabasto o ausencia de competencia efectiva. Además, el marco regulatorio mexicano en materia de competencia económica establece que cualquier intervención sobre mercados estratégicos debe sustentarse en análisis técnicos previos sobre competencia efectiva, estructuras de mercado, barreras de entrada y condiciones regionales específicas.

En este contexto, la Comisión Nacional Antimonopolios tendría un papel central para determinar si existen condiciones reales de competencia antes de implementar medidas regulatorias extraordinarias. Esto resulta especialmente relevante en un mercado tan heterogéneo como el de combustibles, donde las diferencias logísticas, de almacenamiento, transporte y acceso a infraestructura generan dinámicas muy distintas entre regiones del país.

La regulación de precios no puede convertirse en una decisión homogénea aplicada indistintamente a todo el territorio nacional como si se tratara de un solo mercado. Requiere diagnósticos diferenciados, análisis de elasticidades, evaluación de mercados relevantes y una comprensión más sofisticada de las condiciones económicas locales.

México ya tiene antecedentes en este tipo de intervenciones. En 2021 se reintrodujeron precios máximos para el gas LP ante fuertes distorsiones del mercado. De igual forma, sectores como telecomunicaciones, electricidad o transporte ferroviario han operado bajo esquemas regulatorios diferenciados cuando las condiciones de competencia han sido insuficientes.

El problema no es intervenir temporalmente. El problema es hacerlo sin claridad institucional, sin mecanismos transparentes y sin una estrategia de salida bien definida.

Aquí es donde el derecho de la competencia adquiere un papel mucho más amplio del que normalmente se reconoce. La política de competencia no existe únicamente para sancionar monopolios o perseguir colusiones. También sirve para identificar fallas estructurales de mercado y diseñar remedios regulatorios proporcionales que permitan estabilizar temporalmente sectores estratégicos sin destruir incentivos a la inversión y a la competencia.

La experiencia internacional ofrece ejemplos claros. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea existen metodologías sofisticadas para definir mercados relevantes, analizar elasticidades, evaluar niveles de competencia y reconocer diferencias regionales derivadas de la logística, almacenamiento o acceso a infraestructura.

Asumir que el mercado funciona igual en todo el territorio nacional puede conducir a errores regulatorios importantes y terminar afectando tanto a consumidores como a empresas.

Además, la experiencia reciente deja una lección políticamente incómoda: la estabilidad de precios tiene costos que alguien termina absorbiendo. Puede hacerlo el consumidor mediante precios más altos; el gobierno mediante subsidios y renuncias fiscales; o el sector privado mediante menores márgenes, cancelación de inversiones y deterioro operativo.

Lo que no resulta sostenible es pretender que esos costos desaparecen únicamente por decisión política. Cuando los choques internacionales se prolongan, la presión financiera termina acumulándose en alguna parte del sistema.

Por ello, la experiencia reciente debería abrir una discusión más amplia sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad económica del país. Los acuerdos voluntarios pueden ser útiles como mecanismos temporales de coordinación en momentos de emergencia, pero difícilmente sustituyen políticas públicas sólidas, técnicas y previsibles.

México necesita construir mecanismos más sofisticados de estabilización energética que reduzcan la discrecionalidad política y permitan distribuir de forma más transparente los costos derivados de la volatilidad internacional.

También implica reconocer algo incómodo para cualquier gobierno: contener artificialmente los precios durante demasiado tiempo puede terminar generando distorsiones que afectan la inversión, la competencia y la capacidad operativa del propio mercado.

La estabilidad energética no puede descansar indefinidamente en subsidios crecientes ni en acuerdos políticos coyunturales. Requiere instituciones técnicas fuertes, reglas claras y mecanismos regulatorios capaces de responder con flexibilidad a escenarios internacionales cada vez más complejos.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.