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Autogol del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico
José F. Otero | TIC y Desarrollo
El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 (PNER), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2026 y emitido conjuntamente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), describe una arquitectura de rendición de cuentas que puede cumplirse formalmente sin que ningún habitante adicional de zonas marginadas obtenga conectividad real.
Esta conclusión es el resultado de un análisis riguroso de los indicadores de medición del PNER 2026-2030. El Indicador 1.1 propone medir el avance del programa contabilizando la cantidad de espectro radioeléctrico puesto a disposición para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), con una meta de pasar de 695 MHz en 2025 a 1095 MHz en 2030, es decir, 400 MHz adicionales. El problema es que el indicador usa el MHz como unidad de medida universal y no hace ninguna distinción entre las bandas de frecuencia.
Esto es técnicamente insostenible. Las propiedades de propagación de las señales varían en órdenes de magnitud según la banda. Las frecuencias bajas, por debajo de 1 GHz, como la banda de 700 MHz, penetran edificios, cubren grandes extensiones territoriales con pocas antenas y son las únicas tecnológicamente viables para conectar zonas rurales dispersas con baja densidad poblacional. Las frecuencias altas de onda milimétrica, como los 26 GHz o los 28 GHz del espectro mmWave, ofrecen una capacidad masiva de transmisión de datos, pero con un alcance de apenas cientos de metros, exigen línea de vista directa y son esencialmente inutilizables fuera de entornos urbanos densamente poblados.
Un regulador que quisiera cumplir formalmente la meta del Indicador 1.1 podría asignar 400 MHz en la banda de 26 GHz en una sola licitación, alcanzar el 100% de avance en el indicador y no agregar un solo usuario conectado en Guerrero, Oaxaca o Chiapas, que son precisamente las entidades que el propio diagnóstico del programa identifica como las más desatendidas. Si esa licitación, además, genera ingresos presupuestales, conlleva incentivos políticos adicionales. El indicador, tal como está redactado, es perfectamente compatible con un México que licita espectro para estadios y zonas corporativas en las tres ciudades más grandes mientras las comunidades rurales permanecen sin señal. La CRT puede reportar el 100% de cumplimiento de la meta 2030 sin que el diagnóstico del programa cambie en nada.
El Indicador 1.2 presenta una falla distinta pero igualmente grave. Pretende medir el incremento en la proporción de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión desplegada en zonas desatendidas, con una meta del 30% para 2030. El propio documento admite en sus observaciones que la infraestructura “podrá ser medida en números absolutos, por ejemplo, cantidad de estaciones o kilómetros de fibra óptica”, y que se sugiere incorporar también infraestructura de radiodifusión “reportándose por separado.” Ese, por separado, es una nota al margen, no una garantía metodológica: la fórmula del indicador consolida todo en una sola proporción sin que el documento fije la unidad de medida definitiva.
Una radiobase 5G en banda media, un transmisor AM rural y un kilómetro de fibra óptica no son infraestructuras comparables en ningún sentido relevante para la política pública de conectividad: tienen costos de despliegue incomparables, satisfacen necesidades distintas y producen efectos radicalmente diferentes en el acceso de la población a servicios digitales. Sumarlos en una única proporción suprime toda la información útil.
Un operador podría desplegar 50 transmisores AM de bajo costo, tecnología con décadas de antigüedad, en comunidades con cobertura de FM ya existente, contabilizarlos como infraestructura adicional en zonas desatendidas y mover el indicador sin ningún impacto real en conectividad de banda ancha. Más grave aún: el valor de línea base del Indicador 1.2 es 'NA' para 2025, y el documento reconoce que el cálculo porcentual no será posible hasta 2027. Publicar un programa quinquenal cuyo indicador central no puede medirse durante sus primeros dos años de vigencia es una falla metodológica de fondo.
El Indicador 2.1 cierra el tríptico con un problema de naturaleza conceptual. Mide el porcentaje de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas “atendidas con programas y acciones” para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión, con una meta del 30% para 2030, equivalente a 22 de los 72 pueblos reconocidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El documento es explícito al señalar que, atendidas, incluye talleres, jornadas, asesorías o materiales informativos: una comunidad que recibe un folleto sobre cómo solicitar una concesión social cuenta de manera idéntica a una que tiene una red operativa.
Estos tres indicadores, vistos en conjunto, describen una arquitectura de rendición de cuentas que puede cumplirse formalmente sin que ningún habitante adicional de zonas marginadas obtenga conectividad real. El Estado puede licitar 400 MHz en bandas altas para uso urbano-industrial y cumplir el Indicador 1.1; puede reportar el despliegue de transmisores AM sin medir la cobertura de internet móvil y cumplir el 1.2; puede organizar 22 jornadas de difusión con comunidades indígenas sin otorgar una sola concesión social adicional y cumplir el 2.1. El PNER 2026-2030 habría alcanzado el 100% de sus metas sin alterar materialmente la situación que su propio diagnóstico describe con tanta precisión.
El problema de fondo es institucional y no solo técnico. El órgano que diseña las metas es el mismo que reporta su cumplimiento, sin un regulador independiente con mandato de verificación. En ese contexto, los indicadores débiles, con amplia discrecionalidad en su medición, resultan especialmente riesgosos.
Un programa que diagnostica tan bien las brechas de conectividad en México merece indicadores a la altura de ese diagnóstico. Eso significa, como mínimo, desagregar los MHz asignados por rango de frecuencia y ponderarlos por su potencial real de cobertura geográfica; fijar unidades de medida no comparables en indicadores separados; y reemplazar la contabilidad de comunidades atendidas por métricas de resultado verificables: concesiones sociales otorgadas, redes comunitarias operativas, usuarios efectivamente conectados.
Sin ese ajuste, el PNER 2026-2030 corre el riesgo de repetir un patrón conocido en la política de telecomunicaciones en México: diagnósticos certeros, objetivos ambiciosos e indicadores diseñados para cumplirse, no para medir si algo cambió.
