Caso Sinaloa “zarandea” a otros gobernadores

El infortunio del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, no comenzó el pasado 28 de abril, con las solicitudes para la detención provisional con fines de extradición del mandatario sinaloense con licencia, así como de nueve funcionarios y ex funcionarios más, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sino que empezó a fraguarse el 25 de julio de 2024, con la carta que Ismael “El Mayo” Zambada dirigió a la “opinión pública”.

En dicha misiva -que ya forma parte de los expedientes federales en el vecino país del norte- “El Mayo” Zambada no solamente denunció su secuestro, sino que implicó directamente a figuras clave de la política sinaloense, entre ellas, Rocha Moya. La carta fue un movimiento estratégico de su defensa para posicionar al cofundador del Cártel de Sinaloa como una víctima de traición y plagio, intentando así influir en el proceso legal que enfrenta en los tribunales de Estados Unidos.

Ismael Zambada afirmó en esa carta (misma que su abogado, Frank Pérez, se encargo de difundirla a los medios de comunicación en Estados Unidos de América y México como Los Ángeles Times y el semanario Ríodoce), que el día de su captura -25 de julio- asistiría a una reunión donde estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Joaquín Guzmán López e Iván Guzmán Salazar.

En el texto de la misiva, “El Mayo” explica que Joaquín Guzmán López lo invitó a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre Rocha Moya y Melesio Cuén, y decidir quién debería dirigir la UAS. En la reunión también estaría presente Iván Guzmán Salazar.

Así mismo, detalla que -el 25 de julio- acudió a la reunión, en el rancho Huertos del Pedregal, y que en ese lugar también estuvieron el rector de la UAS, Joaquín Guzmán López y José Rosario Heras, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa.

Añade que Guzmán López le pidió que lo siguiera y lo llevó a un cuarto donde le tendieron una emboscada. “Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza”. Posteriormente, dice que lo trasladaron a un avión privado con destino a El Paso, Texas, donde finalmente fue detenido.

Aunque “El Mayo” no presentó pruebas sobre la presencia Rocha Moya en la reunión, destaca un dato en la carta que tiempo después se comprobó como cierto: El lugar donde asesinaron a Melesio Cuén, el 25 de julio de 2024, el mismo día de la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa.

En su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que el homicidio deCuén ocurrió durante un asalto en una gasolinera de Culiacán. Incluso mostró un vídeo del ataque, pero Ismael Zambada contradijo esa versión, ya que reveló -en su carta- que lo ultimaron en el mismo rancho donde a él lo secuestraron.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó, el 20 de octubre de 2024, que Cuén fue liquidado en el rancho Huertos del Pedregal varias horas después del ataque en la gasolinera mostrado en vídeo, desmintiendo la versión de la FGE de Sinaloa.

Rocha Moya negó las acusaciones de Ismael Zambada, afirmando que nunca estuvo en la mencionada reunión; incluso dijo que ese día estaba fuera del país. “Si le dijeron (a Zambada) que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué (ir)”, afirmó.

Sin embargo, “Los Chapitos” -quienes operan potencialmente como testigos protegidos- asestaron un devastador golpe contra el gobernador con licencia de Sinaloa, ya que la acusación desclasificada a finales de abril de 2026 es explícita:El Departamento de Justicia señala que, en 2021, Rocha Moya se habría reunido con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, para pactar que el Cártel de Sinaloa garantizaría su triunfo electoral en el estado a cambio de colocar a funcionarios afines en puestos clave de seguridad y administración.

Las declaraciones ya no vienen de informantes externos, sino de los propios protagonistas del pacto, de tal manera que lo que comenzó como una filtración o un “trascendido” ha mutado en una acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América con base en datos duros e implicaciones devastadoras.

Seguramente varios políticos mexicanos de alto nivel estén extremadamente nerviosos e intranquilos ante la posibilidad de que “El Mayo” Zambada “cante” todo lo que sabe ante el Departamento de Justicia estadounidense sobre el pago de sobornos a policías, militares y políticos durante décadas para proteger sus operaciones, como ya lo admitió en su comparecencia.

La preocupación que les asalta a un indeterminado número de políticos y funcionarios, de todos los niveles, obedece a la posibilidad de que las autoridades estadounidenses ya tengan ubicado el hilo de la madeja que expondría sus “relaciones inconfesables” con el Cártel de Sinaloa a cambio de grandes cantidades de dinero que financió sus campañas políticas, información que debe tener bien documentada “El Mayo”.

El cofundador del Cártel de Sinaloa ya no tiene nada qué perder y quizá si pueda ganar un “pacto” con las autoridades del vecino país del norte para convertirse en “testigo protegido”, como ha sucedido con otros capos, ya que se prevé que el juez Brian M. Cogan (el mismo que sentenció a “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna) lo condene a cadena perpetua por conspiración para distribuir cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina y fentanilo, así como por lavado de dinero y uso de armas de fuego.

La audiencia para dictar sentencia a “El Mayo” ha sido postergada en dos ocasiones a petición de su defensa. La audiencia está fijada tentativamente para elpróximo 18 de mayo del presente año.

Rocha Moya, bajo la presión de la administración del presidente Donald Trump, se vio obligado a solicitar licencia temporal al cargo de gobernador, mientras que la FGR ha tenido que abrir carpetas de investigación al respecto. El caso de Sinaloase ha convertido en un nudo gordiano de la política mexicana, donde se entrelazan la credibilidad institucional, la violencia y las “coincidencias” imposibles.

Si el gobernador con licencia es extraditado o juzgado, no solo cae un hombre; cae el relato de que el crimen organizado y el poder político en el noroeste del país corren por vías separadas. La justicia estadounidense parece tener claro el organigrama: En Sinaloa, la línea divisoria entre el Palacio de Gobierno y el escondite en la sierra es, desde hace mucho, inexistente. 

En este caso, encaja a la perfección el refrán popular que dice: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Seguramente en las próximas semanas se verá a más políticos mexicanos “con las barbas remojadas”.