¿Austericidio judicial?

Por el bien de todos... ¿primero los empresarios? Las plegarias formuladas por los representantes de la cúpula empresarial han sido atendidas. La Ley de Ingresos no incluye —según las versiones que circularon a finales de la semana— una carga impositiva para cervezas, refrescos y otros alimentos ultra procesados, como insiste un sector de Morena.

Las necesidades energéticas de los sectores productivos también serán atendidas. Igual, sus exigencias para que cese la tramitología que ha frenado la llegada de inversiones, nacionales y foráneas. Solo así podrá terminar la narrativa de que no es posible implementar una agenda articulada entre las iniciativa privada y el gobierno de la República para fortalecer las cadenas de valor, el contenido nacional, la infraestructura y la inversión, así como la diversificación de fuentes de financiamiento.

Entre la cúpula empresarial hablan de dos experiencias recientes, que abonan al pesimismo: la fallida instalación de una factoría de semiconductores, por él precario suministro de energía eléctrica y la lentitud de la expedición de los permisos locales, y el cúmulo de amparos que debieron ser tramitados luego de que Cofepris hiciera draconiana la regulación sanitaria, incluso antes de la pandemia por la Covid-19.

¿Y la certidumbre jurídica? ¿Y el respeto al Estado de Derecho? La reforma judicial, producto del Plan B obradorista, es uno de los legados del segundo piso de la Cuarta Transformación. Para bien y para mal, el Poder Judicial de la Federación ha sufrido una drástica reestructuración, en términos administrativos, no solo en la forma de entender y aplicar la jurisprudencia.

Hace un año, los encargados de la administración judicial encontraron un panorama desolador, consecuencia ineludible de la austeridad republicana. Para el 2026, la disciplina presupuestaria obliga a recortes por 533 millones de pesos y la reducción del 10% del costo de las estructuras orgánicas de este aparato, que engloba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al nuevo Tribunal de Justicia y al TEPJF.

En vísperas de la tramitación del paquete económico, el Poder Judicial mantendrá la disciplina financiera. El año pasado, el Congreso de la Unión le aprobó un presupuesto de 70,000 millones de pesos; el mismo que para 2025. Para el 2027, el Órgano de Administración Judicial, encabezado por Néstor Vargas Solano, redujo sus pretensiones y ha auto impuesto de 15,000 millones, no obstante los anteriores recortes, la sobre carga de trabajo y un rezago del 62% en el desahogo de los expedientes.

¿El presupuesto 2027 para el PJF alcanzaría para concretar su transformación? Este año, 92 pesos de cada 100 disponibles son destinados a la cobertura de los salarios de su plantilla laboral, compuesta por más de 50,000 trabajadores distribuidos en cuatro órganos (SCJN, OAJ, TEPFJ y TDJ).

Los sueldos netos de niveles directivos del 2 al 11 no están por encima del de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hubo casos en el pasado en que podían hasta triplicar esa cantidad. El nuevo tabulador se aprobó la primera semana de septiembre de 2025. Ningún nivel directivo (2 al 11) tiene seguro de gastos médicos mayores, ni seguro de separación individualizado. Los niveles operativos (confianza y sindicalizado) 12 al 34 cuentan con todas sus prestaciones intactas (47 en total, incluyendo los seguros mencionados).

Del universo laboral adscrito al Poder Judicial, 40,000 están en juzgados, tribunales y en funciones jurisdiccionales y 10,000 cumplen funciones administrativas o están en órganos auxiliares.