Tiempo de repensar la relación economía-Estado

Dani Rodrik, economista de la Universidad de Harvard, separa las crisis en dos categorías: aquellas para las que no había preparación alguna, ya que no podían ser anticipadas y aquellas que eran esperadas y que por eso cuentan con una ventana de oportunidad para limitar las consecuencias.

Mundialmente, el grado de preparación para afrontar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ha variado de acuerdo con las características económicas, políticas y sociales imperantes en cada país afectado.

Los diferentes posicionamientos, todos ellos provisionales dada la incertidumbre presente en este momento de la pandemia, coinciden, casi unánimemente, respecto al papel central que el Estado debe asumir en esta crisis.

Características propias de la globalización y la economía moderna, como el amplio flujo de mercancías y movilidad de personas, así como la existencia de cadenas globales de suministros han facilitado la dispersión del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad, y al mismo tiempo generado una disrupción en el abasto de artículos relacionados para su atención.

Ante ello, una de las respuestas ha sido que el Estado debe operar como regulador de la red de producción y consumo, idea herética hasta hace poco tiempo.

Incluso el Financial Times, una de las principales publicaciones financieras e histórica defensora a ultranza de un modelo de Estado mínimo y libre mercado, hoy respalda el papel central que el Estado deberá jugar en la próxima reconfiguración económica a nivel mundial.

Es momento de reconocer que el modelo actual de generación de riqueza olvidó el mantenimiento de ciertos bienes públicos, algunos intangibles, como la solidaridad necesaria para llevar a cabo ejercicios de movilización y sacrificios masivos, y otros tangibles, como el sector público de salud, que arrastra deficiencias históricas en equipo, investigación y recursos humanos.

La crisis sanitaria ha descubierto debilidades crónicas en el sistema económico que posiblemente lleven a niveles de desempleo no observados desde la Gran Depresión y cuyo tratamiento, basado en las medidas de política monetaria para acelerar la recuperación, después de la crisis financiera del 2007-2008 serán evidentemente insuficientes.

Esto deja abierta la posibilidad de considerar políticas de renta básica, para atender el efecto asimétrico de pérdidas y ganancias que esta crisis ocasionará.

México se ha adelantado a la recomendación de la publicación financiera con este tipo de políticas, como es el conjunto amplio de programas sociales y de desarrollo económico directo, algunas de ellas convertidas en derecho universal, que apoyarán a más de 22 millones de beneficiarios.

Las respuestas del gobierno mexicano coinciden con los cuatro puntos recomendados por el economista Jason Furman de Harvard para enfrentar esta crisis: apoyo al sector salud; asistencia dirigida a través de programas sociales; pagos en efectivo a familias; y asistencia a negocios, evitando costosos rescates financieros.

No obstante, que la debilidad del Estado de Bienestar en México limitará el alcance de las acciones anteriores, estamos en el camino correcto, profundizando acciones que lo fortalezcan.

En la búsqueda de soluciones innovadoras para enfrentar esta crisis se requiere pensar en el Estado no sólo como un regulador de última instancia o un consumidor insaciable de recursos, sino como una entidad que genera valor permanentemente, a través de la inversión pública y del gasto bien dirigido.