Con el objetivo de reactivar la actividad agropecuaria en los cultivos de maíz, frijol, trigo, arroz y en la producción de leche, el gobierno decidió crear un nuevo organismo descentralizado encargado de garantizar el abasto y promover la comercialización de alimentos, llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Segalmex tiene objetivos diversos. Se plantea promover la productividad, mejorar el bienestar de las comunidades rurales, asegurar el abasto, desarrollar la autosuficiencia y estimular a las pequeñas y medianas empresas agroindustriales. Podrá coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía; la importación de productos agroalimentarios; vender y distribuir insumos como fertilizantes o semillas mejoradas; promover la creación de empresas y estimular diversas actividades.

El elemento esencial de la estrategia es la utilización de precios de garantía, los cuales ya fueron anunciados por el presidente. Este tipo de precios se aplicó durante los años 70 y 80 con malos resultados en lo productivo y en el ámbito de la corrupción.

Hay razones para pensar que los precios de garantía, por sí mismos, difícilmente tendrán un efecto en la productividad. En un estudio que realicé con El Colegio de México se analizaron los mercados de la cadena de valor maíz-tortilla. Encontramos que el principal problema del campo mexicano, hablando de maíz, es la baja productividad promedio, que ha fluctuado en los años recientes entre 3.5 y 3.9 toneladas por hectárea. Si se omite a los estados más productivos, como Sinaloa, es posible que la productividad de los campesinos a los que se dirige Segalmex esté muy por debajo de tres toneladas.

De acuerdo con los cálculos, la producción moderna, con riego, semilla mejorada, fertilizantes y alguna tecnificación, requería de una productividad de nueve toneladas por hectárea, para recuperar costos directos. Y ello sin considerar el pago de la renta de la tierra. El subsidio que se pretende otorgar mediante el precio de garantía no basta para que los productores tengan los incentivos para migrar a nuevos modelos. Se requiere que la política sea efectivamente integral. En algo ayudaría estudiar experiencias exitosas en otros países.

También está el riesgo de que Segalmex incida en la manera en que han venido funcionando los mercados. Habrá distorsiones, porque el precio de mercado, establecido mediante las fórmulas de la agricultura por contrato, será menor que el precio de garantía. Los agentes económicos buscarán mecanismos de arbitraje. Del lado de la oferta, habrá intentos de productores grandes por aprovechar el subsidio, lo cual debe alertar del riesgo de conductas corruptas que ya ocurrieron hace muchos años. Esto requerirá de una estructura administrativa eficiente y honesta.

Del lado de la demanda, los consumidores tienen acceso al mercado internacional, que en el caso del maíz amarillo, podrá ser adquirido 40% más barato. Para prevenir esto, hay el riesgo de que Segalmex quiera utilizar sus facultades para intervenir en la operación de los mercados de importación y surjan restricciones no arancelarias a la libre importación de granos o leche. Ese escenario sería un retroceso e impactaría profundamente la producción de carnes, como las de cerdo, res y pollo, así como a otras cadenas industriales.

Un aspecto que no es menor es que no sólo no hay una metodología para fijar los precios de garantía, sino que probablemente se esté incumpliendo la Ley de Competencia. Desde los años 90 desaparecieron diversas facultades del Ejecutivo en materia económica, entre ellas, la de decidir precios. El mecanismo actual requiere de un dictamen en materia de competencia, como condición para que la Secretaría de Economía pueda establecer precios. Cofece habrá de analizar las repercusiones de la determinación de los precios de garantía y, en su caso, deberá actuar legalmente para defender sus atribuciones.

*Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

Javier Núñez Melgoza

Consultor

Competencia y Mercados

Consultor en Competencia Económica y Regulación, además es profesor universitario.