Seguridad social y gasto familiar

La pandemia sigue demostrando lo vulnerable que somos en el tema de salud y el peligro que corren las familias de sufrir un fuerte desequilibrio patrimonial. Un gasto por accidente o enfermedad puede ocasionar un quebranto financiero del cual no se pueda salir en muchos años.

Ante un grave problema de salud, las familias no tienen mucha opción, ya que la mayoría de los ciudadanos cubren estos gastos directamente de su presupuesto mensual, afectando sus finanzas personales drásticamente.

Las alternativas ante casos de accidentes o enfermedades importantes son disponer de un seguro médico privado donde solo, aproximadamente el 10% de los mexicanos cuentan con esa protección.

Una segunda opción es utilizar los servicios públicos como IMSS, ISSSTE y algunas otras instituciones las cuales, cada vez tienen más limitaciones y cuyas citas para atención se retrasan por meses y no cuentan con los mínimos insumos requeridos; o bien, la tercera opción es hacer frente a esas contingencias con los llamados gastos de bolsillo, los que impactan fuerte y directamente a la economía familiar.

Ante el costo de los seguros médicos y el escaso y mal financiamiento del sistema público de salud, resulta que una obligación del Estado mexicano y un derecho constitucional como es la seguridad social, recae ahora en el presupuesto de las familias mexicanas. Es decir, ante la evidente crisis del sistema público de salud y la falta de financiamiento para equipos e insumos médicos, la familia se ha convertido en la institución de seguridad social más importante del país, lo cual resulta aberrante e injusto porque la familia, en lugar de ser beneficiaria de la seguridad social, ahora es la financiadora de esta.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) a través de su Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, ha analizado este caso junto con diversas instituciones y especialistas del sector y ha generado propuestas, tanto para que el financiamiento de la seguridad social se utilice debidamente en pensiones, educación, salud, trabajo y vivienda como también, para que las políticas públicas sean congruentes para apoyar a las personas más vulnerables, acorde con la visión social que el IMEF tiene y que ha impulsado durante años.

Mientras el financiamiento gubernamental a la seguridad social no sea adecuado y bien utilizado, y las políticas públicas no sean congruentes entre el decir y el actuar, el sustento financiero del sistema de salud seguirá recayendo en el bolsillo de las personas y, por lo tanto, generando que muchas familias quiebren financieramente, al tener que adquirir deudas interminables para pagar sus gastos en salud.

La pandemia generó gastos promedio en atención privada de casi 450,000 pesos por paciente, llegando a varios millones de pesos en algunos casos. Las personas que pudieron utilizar el seguro privado tuvieron ese beneficio; sin embargo, muchos otros, tuvieron que utilizar los limitados y escasos servicios públicos o bien, pagar de su presupuesto familiar los gastos en hospitales privados y es claro, ante los montos mencionados, que muchas familias se sobregiraron y quedaron con un quebranto en sus finanzas que no podrán cubrir, ni vendiendo parte de su patrimonio.

El Sistema de Seguridad Social debiera proteger a las familias y por ello, nuestra Constitución lo establece como garantía y derecho ciudadano, de ser un respaldo para la población y convertirse en solución frente a los riesgos y contingencias a los que está expuesta la sociedad. Por esa razón fueron creadas instituciones como el IMSS o ISSSTE, entre muchas otras y que no están cumpliendo totalmente con su objetivo.

Es imperativo y urgente que la Seguridad Social se aplique con calidad, que su financiamiento sea real y suficiente y que llegue a todos los mexicanos en medicamentos, laboratorios, equipos y apoyo al personal médico. Del mismo modo, que las políticas públicas en salud, se conviertan en una práctica real para proteger a las familias y dejen de ser la retórica electoral en la que se han convertido.

Mientras la Seguridad Social siga financiándose con el presupuesto de las familias y el Estado no cumpla con esta obligación, la población seguirá sufriendo las consecuencias, afectando más, a las personas más pobres del país y ocasionando fallecimientos que pudieron evitarse.

Las alternativas ante casos de accidentes o enfermedades importantes son disponer de un seguro médico privado donde solo, el 10% de los mexicanos cuenta con esa protección”

La pandemia generó gastos promedio en atención privada de casi 450,000 pesos por paciente, llegando a varios millones de pesos en algunos casos.

Jorge Barba Pingarrón es Presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF