Antes de renovar diputaciones en el 2021 y múltiples cargos locales, los plazos son oportunos para reformas que, sin prisa ni falta de sustento técnico y deliberación informada, definan ajustes a las reglas vigentes que configuran el modelo de nuestra democracia. Hay que mejorar en todos los rubros, siempre que la lógica sea el consenso y no confeccionar ventajas con sacos a la medida para favorecer a uno u otro grupo político, o esquemas para debilitar deliberadamente entornos competitivos que requieren garantías efectivas para que la pluralidad pueda expresarse sin obstáculos.

En esa deliberación ya habitual cuando termina un ciclo electoral, cualquier reforma debe considerar que el padrón de votantes actualizado y administrado por una autoridad autónoma e independiente de los gobiernos en turno no debe cambiar, porque ésa es la columna vertebral para mantener el principio de: un ciudadano (a) es igual a un solo voto, lo cual no significa dejar de fortalecer el registro nacional de electores que es también el registro nacional ciudadano del Estado mexicano y que podría ampliarse para registrar a 46 millones de menores de edad y dotarlos del derecho a la identidad.

La protección de datos personales exige replantear esquemas para que los partidos puedan corroborar que no hay manipulación en los listados de votantes, pero no debe haber opción para guardar o trasladar, fuera del INE, copias de esos datos. Propongo construir candados más enérgicos para evitar abusos que afecten a la población, pero no sería válido utilizar como pretexto episodios en los que se ha dado mal uso del padrón para volver entonces al modelo de 1988, en donde era el gobierno quien controlaba esa base de electores, que hoy es clave para la certeza de comicios limpios.

En las discusiones legislativas estará presente un reclamo constante asociado a la austeridad, que es la disminución o no de recursos públicos para hacer política. Creo que hay condiciones para reducir gastos sin que eso se convierta en bandera para privatizar las campañas o asfixiar finanzas de partidos para mermar su capacidad de competir. El dinero público debe prevalecer sobre el privado en las elecciones. Con ese principio por delante, se justifica y es viable una reducción al monto total de prerrogativas que reciben los institutos políticos, y también es importante homogeneizar a la baja las fórmulas locales de cálculo para no duplicar recursos con bolsas adicionales de lo que reciben partidos nacionales por su registro local en cada entidad.

En esa ruta podrían reducirse también los plazos de campaña, que antes de la reforma del 2007 eran periodos de 180 días y hoy son de 90. Desahogar campañas presidenciales en dos meses sería una buena decisión, abonaría a optimizar recursos, aunque el fondo de un ahorro sustantivo está en adoptar el voto electrónico, no hay más, no habrá menos exigencia presupuestal de otro modo, menos si hay una tendencia a impulsar consultas populares que requieren, con el modelo actual, imprimir millones de boletas y montar cientos de miles de casillas con ciudadanía reclutada y capacitada para darle seriedad a dichos ejercicios.

Otra coordenada apunta a propiciar el voto informado. La experiencia en comicios locales donde candidatos punteros no acuden a debatir para no arriesgarse a perder simpatía de electores al momento de precisar propuestas o contrastar posturas con las de otras candidaturas, nos llama a explorar sanciones o candados para hacer obligatorios los debates, no en cuanto plataformas de difusión (eso ya ocurre a nivel federal), también para que acudan todas y todos los candidatos.

Es un error simplificar las tensiones de la reforma en si desaparecen Oples y tribunales locales, como si eso acabara con la necesidad de contar con ellos. Una cosa es repensar métodos para seleccionar mejores perfiles de árbitros locales o evitar que haya presiones presupuestales de gobiernos o injerencias indebidas de actores políticos, y otra asumir que eliminarlos es compromiso con la austeridad y que ello genera ahorros millonarios en automático. No es posible atender de forma permanente elecciones municipales, contiendas de comunidades indígenas por sistemas normativos internos o elecciones legislativas de distritos locales sin tener presencia en la geografía electoral local.

Me parece que transitar de un modelo en donde es la autoridad electoral nacional quien nombra y remueve del cargo a los árbitros locales o uno donde nuevamente sean los grupos parlamentarios los que decidan según su fuerza, tampoco sería un cambio positivo.

Las reformas electorales de los últimos 29 años se han significado porque los grupos políticos mayoritarios las han promovido desde el poder con un carácter inclusivo, con reglas suficientes para garantizar la presencia y participación de las minorías políticas, sería lamentable romper este elemental principio de convivencia democrática e imponer una reforma construida desde el poder con el simple argumento de las mayorías.

*Consejero del INE.

Marco AntonioBaños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada