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Presidenta de México, recursos escasos: el reto

La próxima Presidenta de México enfrentará un reto mayúsculo: tendrá que gobernar con recursos muy limitados.Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, la que gane la Presidencia de la República, tendrá “un margen fiscal” muy reducido, como dicen los especialistas en materia de finanzas públicas. Es decir, del total del recursos con los que contará el gobierno de México, será muy poca la cantidad que podrán utilizar para objetivos diferentes al pago de la deuda, a los programas sociales, al apoyo a Pemex y CFE, y al compromiso creciente de las pensiones, además de los gastos para dotar de bienes y servicios públicos; educación, salud, etcétera.
Las actuales aspirantes a la Presidencia de la República han manifestado su intención de llevar a cabo diferentes proyectos. Lo ideal sería que tales planteamientos fueran acompañados con los estudios respectivos de las fuentes de financiamiento e impacto social.
Cualquiera de las dos, la que gane la primera magistratura, debería sujetarse a la disciplina fiscal, de ejercer con responsabilidad los recursos públicos.
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que cuando la política se sobrepone a la racionalidad y eficiencia económica, las decisiones que se toman se pueden basar en ocurrencias y falta de transparencia que derivan en sobrecostos, ineficiencias, corrupción y rentabilidad económica y social cuestionables.
Sería muy importante avanzar hacia un esquema en el que la política y la economía se desarrollen en canales diferentes. Que sin importar los colores del partido político que gane las elecciones, la ruta económica, esté basada en criterios de mediano y largo plazos, que permitan una mayor eficiencia y desarrollo.
De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró 10 propuestas en finanzas públicas.
Parte del hecho de que en este 2024, el último año del actual gobierno, el déficit público federal alcanzará el mayor nivel, desde 1990, en términos absolutos: 1.70 billones de pesos y como porcentaje del PIB, de 5%. Y como consecuencia de ese déficit, más los observados en años anteriores, el saldo de la deuda del sector público ascenderá a 17.05 billones de pesos y su costo financiero será de alrededor de 1.23 billones de pesos, que equivale al 14.2% del gasto total estimado.
En ese marco, el IMCO expone una decena de propuestas para coadyuvar en la mejoría del uso de los recursos públicos y que estos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Para empezar, el órgano de análisis considera que es necesaria una reforma fiscal, condicionada a un cambio estructural en el ejercicio de los recursos públicos.Se requiere –propone– una Oficina de Infraestructura que evalúe y autorice los proyectos de obra pública del gobierno federal. Se debe vincular la asignación de recursos a programas sociales con sus resultados y hasta evitar la construcción de obras de infraestructura cuyos costos sean mayores que sus beneficios para la sociedad.
El decálogo incluye:
1.- Complementar los apoyos que el Gobierno Federal otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex), con requerimientos de mejora operativa y financiera.
2.- Rediseñar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) para ahorrar una mayor proporción de los ingresos petroleros
3.- Promover más y mejor inversión pública en áreas clave que garanticen un suministro confiable y a precios competitivos de electricidad limpia, disponibilidad de agua e infraestructura logística de calidad (p. ej. puertos, aeropuertos, carreteras).
4.- Crear una Oficina de Infraestructura que autorice los proyectos de obra pública, independiente, del Gobierno Federal.
5.- Vincular la asignación de recursos públicos con los resultados de los programas presupuestarios.
6.- Evitar duplicidades en el gasto con el sector privado.
7.- Asignar recursos a fondos de reserva y mecanismos de gestión de riesgos para hacer frente a los desastres naturales.
8.- Focalizar el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM).
9.- Destinar más recursos a investigación y desarrollo.
10.-Que el nuevo gobierno, junto con los recién electos integrantes del Congreso, implementen políticas que prioricen la efectividad, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.
Ojalá que las aspirantes, atiendan las recomendaciones del IMCO. Pero sobre todo, ojalá que la Presidenta de México, se base en la racionalidad económica y no en el calor de la política. Veremos.

