Ayer, la mayoría de Morena en el Senado aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en un grave atentado contra las garantías individuales y los derechos humanos. Esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión pretende obligar a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar su identificación oficial con fotografía, su comprobante de domicilio, sus huellas digitales, iris y rostro. Cabe mencionar que en México no existe identificación oficial alguna. Ni la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), ni el pasaporte, ni la licencia de conducir son una cédula o certificado de identidad por la sencilla razón de que no son obligatorios. Una persona puede válidamente vivir y gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte sin estar obligado a obtener o portar ninguno de dichos documentos. Su arbitraria y ambigua exigencia viola flagrantemente el derecho a la conectividad digital establecido en el artículo 6º constitucional.

No obstante, lo más grave de la reforma es que viola la presunción de inocencia establecida en la Constitución, ya que presume culpable de cualquier delito al titular del teléfono móvil registrado en el padrón en el supuesto de que el número telefónico o la línea utilizada para cometer el delito esté registrada a su nombre. Este tipo de registro ya fue implementado en México y tuvo que ser derogado por su inoperancia y falta de certeza. Como señaló el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a los pocos meses de existencia el registro ya tenía más de cincuenta mil líneas apócrifas, un chip celular falso se puede comprar en el mercado negro por setenta pesos y la base de datos completa se vendía en Tepito por quinientos pesos. Las víctimas de robo con violencia que son usuarios de prepago rara vez denuncian el delito y sus teléfonos son usados por los delincuentes para cometer otros delitos más graves. Con esta medida serán una vez más los pobres los que sufrirán una doble vejación: el robo de sus teléfonos y pertenencias y la presunta culpabilidad en delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión. Las autoridades dirán que han capturado a los culpables, pero las cárceles se llenarán de inocentes.

También, se obliga al IFT a “convalidar” la información contenida en el padrón, pero no existe una base de datos nacional que permita identificar a los mexicanos y contra la cual se pueda hacer la “convalidación”. La base de datos del INE no incluye a menores de edad o a personas a las que no les interesa votar, y no por ello se les puede privar del derecho humano a la conectividad digital.

La reforma obliga también a la Gran Desconexión. Todo aquel usuario que no esté inscrito en el padrón en dos años será desconectado. En teoría, en dos años tendremos decenas de millones de usuarios de prepago desconectados, cortesía de Morena. Sin embargo, les apuesto que ninguno de los políticos marrulleros que hoy aprobaron este engendro se va a atrever a cargar con la responsabilidad de desconectar a decenas de millones de usuarios, y, antes de las elecciones de 2024, van a volver a reformar la ley para corregir su estupidez.

Este artículo fue publicado el 9 de diciembre de 2020 en este espacio y casi en los mismos términos. Nadie hizo caso. Por su trascendencia he decidido insistir. Ante la inteligencia y capacidad corruptora de los delincuentes, la ignorancia y corruptibilidad de los políticos. ¿De verdad piensan que los criminales van a registrar con su iris, rostro y huellas digitales los teléfonos que usan para delinquir?

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.

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