En medio de la pandemia, que casi tiró a cero el tránsito aéreo en los peores momentos, la carga aérea, que siempre ha tenido un camino mucho más lento y difícil en México, logró que algunas empresas de transporte aéreo mantuvieran operaciones y esto ayudó, sin duda, a que nuestro país saliera más rápido de la contingencia.

Pese a ello, ahora las aerolíneas que transportan carga y mensajería (que son casi todas), están enfrentando un gran reto por disposiciones que pueden poner en peligro su viabilidad en el largo plazo.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), al igual que por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), han hecho gestiones ante la directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con la idea de revisar con esta dependencia las nuevas disposiciones respecto a la implementación del CFDI con complemento Carta Porte, que debe reportarse a partir del 1 de diciembre próximo y que ha complicado en grado sumo el proceso de informar sobre las mercancías que se transportan.

Nadie está en contra de que el SAT y las diversas autoridades se aseguren de atajar el contrabando de mercancías, los delitos y la corrupción. Es más, si alguien ha sufrido estos embates son precisamente las empresas que hacen negocios honrados y que intentan poner a México en el mapa del comercio exterior y las buenas prácticas.

El problema no es simple, pero la cuestión es que, por una parte, cada modalidad de transporte tiene sus especificidades que no se están tomando en cuenta con esta disposición general, que además ya entra en vigor en un mes y que, entre otras cosas, obliga a los transportistas a detallar más de 180 datos en el complemento Carta Porte, el 80% de los cuales es información del propietario de la mercancía o de clientes de una agencia.

Por otro lado, en este momento se tiene una resolución un tanto confusa pues no determina las obligaciones puntuales de cada actor involucrado y mezcla las obligaciones de éstos, aunque las responsabilidades de cada uno sean diferentes, ya que el propietario de los bienes enviados es uno, la empresa que transporta otro y en muchos casos hay un tercer agente de logística.

En resumen, la disposición encarece los costos del transporte, ya que obliga a las empresas a establecer un sistema diferente a lo que ya existe en el resto del mundo y que está homologado en todos los países: México sería la excepción, por lo que las empresas requerirían desarrollar un nuevo software o un esquema de reporte manual distinto y esto cuesta tiempo y dinero. En otras palabras, dejamos de ser competitivos y esto ahuyentará a las empresas que se han establecido en el país (menos inversión, menos empleos), en favor de hubs como Miami o Panamá.

Por último, como se dijo, la carga ha sido un alivio en medio de la pandemia para el transporte aéreo, pues se ha suplido la falta de pasajeros con el transporte de mercancías, lo cual estaba apuntalando al sector. Estaríamos matando una actividad que quisimos promover desde hace años. Esperemos que el SAT escuche de los operadores, nacionales y extranjeros, estas necesidades que pueden solventarse con los esquemas confiables que ya existen.

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