La influencia del nacionalismo económico sobre la política económica del país representa un factor de atraso, que explica el comportamiento mediocre, por abajo de su potencial, de la economía mexicana. Este nacionalismo, arropado con la bandera de la soberanía, ha significado una gran red de intereses clientelares, un caldo de cultivo para avanzar agendas políticas personales, sin considerar las consecuencias generales.

Sin duda, cada país tiene su contexto, su cultura. Los canadienses presumen de nacionalismo hidrológico, sus aguas son símbolos patrios; no hay forma de concebir la formación de mercados continentales de agua. Para los estadounidenses, el rito nacionalista varía, se observa desde derechos marítimos hasta el nativismo antiinmigrante de regiones como Arizona. En nuestro país, la energía es vista como esencia de logros revolucionarios, la consagración de la soberanía nacional.

Este nacionalismo equipara la defensa de la madre patria con la propiedad estatal de medios de producción, bajo la suposición que los energéticos son propiedad de todos . Ello se ha traducido en atraso y altos costos de oportunidad. En vez de aprovechar el recurso potencial, hemos sufrido el reductio ad absurdum de convertirnos en importadores de gas natural, de productos refinados, así como en exportadores de oportunidades tecnológicas que podrían desarrollarse en casa, junto con los empleos y el valor agregado consecuente.

Por ello, la tesis de que la riqueza potencial de un país puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo, parecería confirmarse con el caso mexicano.

La dotación accidental de recursos evita la búsqueda de los arreglos institucionales requeridos para asegurar el crecimiento sostenido. Un país pobre puede contar habitantes ricos, como Hong Kong, Singapur o Corea del Sur, porque no padecen del riesgo moral que se deriva de contar con una reserva natural de recursos.

La inferencia obligada es: si no tuviésemos la fabulosa riqueza potencial en energía nacional, no habría forma de abusar de la factura petrolera en nuestro sistema fiscal o de usar el sector energético para avanzar la agenda política de intereses especiales.

Esta reflexión implica, paradójicamente, que el gran reto para una reforma estructural en el sector energético es presentar los cambios propuestos (por ejemplo, permitir inversión privada en refinerías o en tecnologías de explotación) bajo un esquema que, además de ser viable en materia técnica, también respete los instintos nacionalistas que existen en nuestra cultura

Es, sin duda, un problema complicado.

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