Siguiendo el guión de la austeridad, sin corregir su visión excluyente de las mujeres, el gobierno federal ha determinado nuevos recortes a programas sociales destinados a mujeres y niñas. Como si la población femenina no constituyera un porcentaje significativo de la población marginada o en pobreza, tras desaparecer Prospera, eliminar los apoyos para estancias infantiles y reducir los recursos destinados a refugios para mujeres violentadas, el proyecto de PEF 2020 acumula nuevas medidas que evidencian la ceguera oficial ante desigualdades estructurales y demandas urgentes. La pregunta ya no es si no importan las mujeres sino por qué se determina acentuar la feminización de la pobreza. No es casual que el PPEF elimine o reduzca los recursos a programas que las han beneficiado o que se requieren para frenar la violencia misógina y las dé por incluidas en medidas genéricas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida.

Prospera podía criticarse porque cargaba sobre las mujeres la obligación de cumplir con medidas para mejorar la salud familiar o impulsar la educación de las niñas y adolescentes. Al apostar por el sentido de responsabilidad de las mujeres y la transformación de los roles de género a partir de ellas, este tipo de programas puede conllevar mayor violencia de pareja. Sin embargo, para muchas el acceso a recursos económicos y la valoración de su papel como jefas de familia les da mayor autonomía. Dejarlas sin ingreso y sin acceso a la salud por este medio, y disminuir a la vez los fondos destinados a salud materna, sexual y reproductiva, les cierra opciones y empeora su situación.

Los recortes a las estancias infantiles han afectado ya a miles de mujeres obligadas a dejar su empleo, a aceptar condiciones precarias o pasar a la informalidad, con tal de poder cuidar a sus hijos e hijas. La creencia gubernamental en la abnegación de las abuelas o en la infinita generosidad familiar pasa por alto los cambios sociales de los últimos 30 o 50 años, las ventajas de la educación temprana, los derechos de la infancia y el derecho a la igualdad. Para colmo, como si no existieran la violencia familiar, el abuso sexual infantil, o hubieran disminuido el feminicidio y la trata, se mantiene la idea de remplazar los refugios probados con el modelo “puerta violeta”, se plantea reducir los fondos para el ya deficiente Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra las Mujeres (Banavim), se limitan los fondos para prevenir y atender la violencia misógina, como ha documentado Nayeli Roldán, por ejemplo. ¿Será irrelevante que así se fomenten y reproduzcan condiciones de precariedad, inseguridad, desigualdad de oportunidades, roles de género tradicionales perjudiciales para todos, y se violen el derecho a la educación y la salud y a vivir sin violencia?

Suponer que basta con impulsar la siembra de árboles o las becas para estudiantes de primaria o secundaria, o los “apoyos” para integrar a la juventud al trabajo, sin tomar en cuenta las condiciones específicas de las mujeres y niñas en distintas regiones, es ignorar los beneficios, aun limitados, de los programas sociales anteriores que tampoco eran el supuesto pozo sin fondo y sin sentido, y, en todo caso, podían mejorarse.  Es también suponer que un modelo unisex le quedará a todo mundo. ¿Qué mujeres y dónde podrán “sembrar el futuro” si no tienen acceso a la tierra? ¿Por qué se privilegia el cultivo de árboles que quizá las comunidades no necesitan? ¿Cómo se asegurará el buen uso de las becas a menores? Demasiadas preguntas sin más respuesta que el voluntarismo y el afán clientelar.

Con estos nuevos recortes y simulaciones, parece reafirmarse la intención de devolver o encajonar a niñas y mujeres en la dependencia. Si la paridad en el Congreso tiene sentido, urge que senadoras y diputadas defiendan un presupuesto que garantice los derechos y necesidades reales de todas ellas.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).