En una desafortunada historia, un productor de aguacate recibió el mensaje de que tendría que pagar un “impuesto” al cártel local por el equivalente de 25% de sus ventas. El productor respondió que su margen de utilidad después de todos los costos era de poco menos de 20%, por lo que ello implicaría que pusiera de su dinero para pagar por “protección”. La respuesta fue que el porcentaje era inamovible y como resultado el productor abandonó el negocio y el estado.

Este desconocimiento de la estructura productiva y de costos por parte de los delincuentes es brutal por el impacto social y económico que genera; pero resulta más complicado cuando ese desconocimiento se presenta en la definición de la política pública.

Este problema, además, está además detrás de las políticas de control de precios. En un estudio publicado por el Banco Mundial se concluye que los mecanismos de control de precios es una práctica extendida en economías emergentes y en desarrollo; así como que su utilización responde más a intentos de política social, que de política económica. Señala que, en la mayoría de los casos, el control de precios genera efectos negativos sobre la inversión, acentuando el efecto de pobreza que pretende combatir.

Cuando el control de precios incluye subsidios a través de la venta mediante entidades públicas, ello propicia el crecimiento del déficit público y genera un efecto de desincentivo a la inversión doméstica y a la actividad empresarial.

La conclusión del estudio es que el control de precios se implementa con buena intención social, pero genera efectos negativos para la economía y frecuentemente acaban por crear condiciones que hacen complejo el retiro de estos incentivos y la regularización de los precios.

Desafortunadamente, la política pública frecuentemente hace caso omiso de la experiencia económica histórica. En el artículo “El problema del control de precios”, Fiona Scott, muestra como que no existe evidencia significativa de que los controles de precio tengan resultados más favorables que las condiciones que pretendían combatir.

En México, estos mecanismos tratan de responder a problemáticas complejas. Recientemente, en el mercado de gas para consumo doméstico, la política de control de precios implementada partió de la premisa y de que el margen de ganancia de las empresas era excesivo.

La aplicación del control de precio no reconoció los costos que la estructura de distribución implica para el consumidor final. En un altísimo porcentaje, el consumidor en el país recibe el gas a través de tanques rellenables cuya distribución tiene costos adicionales, particularmente en zonas de menor ingreso.

Para atacar prácticas evidentemente nocivas de ciertos grupos en la industria del gas, la herramienta más sólida es la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica, que cuenta con la capacidad y herramientas para atacar practicas oligopólicas que llevan a precios (en uno de las etapas de esa actividad) por encima de su valor real de mercado. Pero la visión imperante actual no reconoce la importancia y utilidad práctica de este (y otros) organismo autónomo.

La creación de mecanismos de distribución dirigidos por el gobierno, históricamente (ni en México ni en el mundo), no han dado resultados positivos. Estas estructuras generan ineficiencias y generar presión sobre el déficit público.

Aprender de la historia económica y utilizar las herramientas adecuadas resulta fundamental para atender los temas relevantes y favorecer realmente a los grupos más vulnerables.

raul@martinezsolares.com.mx

Raúl Martínez Solares

CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo

Economía Conductual

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo.

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