Los comentarios expresados en los medios sobre el más reciente Informe de Libertad Económica reflejan la inquietud permanente con las condiciones de crecimiento o modernización que han dominado el debate sobre estos temas en los últimos años. Ello es un indicador positivo, por lo menos de que la variable de libertad económica está en el foco de discusión y, a su vez, este informe se ha convertido en referencia obligada en el análisis de por qué no crecemos y qué requerimos para crecer en forma más acelerada.

El estudio arroja varios resultados empíricos, como una correlación entre mayor libertad económica y variables como el crecimiento del producto per cápita, la tasa de crecimiento, la Inversión Extranjera Directa, los ingresos de los más pobres, la esperanza de vida, los derechos políticos y la transparencia. Nos da una herramienta empírica para explicar la noción de que a mayor libertad, mayor oportunidad de desarrollo. La conclusión, en el caso mexicano, se podría decir en los términos actuales: a mayor libertad, mayor posibilidad de vivir mejor.

Pero la calificación de México en materia de libertad económica (6.80) significa que somos una economía moderadamente libre . Esto preocupa, ya que, como dijo Pedro Aspe, parece que vamos retrocediendo, no avanzando:

en el 2005, ocupábamos el puesto 59 y ahora estamos en el 67 de 141 países evaluados. En la región latinoamericana nos distinguió el lugar 10 de un total de 17.

El rubro de mayor importancia para la libertad económica a largo plazo reside en la estructura jurídica y los derechos de propiedad. El desempeño en esta materia ha sido mediocre y no es de extrañarse que sea aquí donde la economía mexicana obtiene su peor calificación 5.32. Hay varias razones. Los tribunales locales dependen del poder político y del nido de intereses creados.

Asimismo, sus sentencias no tienden a mostrar parcialidad. La corrupción en el sistema es significativa y hay una fuerte ausencia de transparencia. Los derechos de propiedad no están bien definidos. El Artículo 27 constitucional dice: La nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público . Por supuesto, no se define interés público , quedando sujeta la decisión al criterio arbitrario de la autoridad.

Falta mucho, entonces, en materia de libertad económica; pero es positivo que el tema, por lo menos, adquiera un lugar de discusión en la agenda del debate público.

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