El estado de derecho es un asunto de toda la sociedad. No depende de la voluntad de un actor político, no depende de un decreto ni mucho menos de una decisión unilateral que recuse las preferencias y el bienestar social. Es en suma el sustento de la paz social, la seguridad y el desarrollo. Cuando se va en contra de este último, se compromete el avance económico colectivo por el privilegio particular que otorga dividendos en lo político. Y más pernicioso aun cuando se normaliza la selectiva aplicación de la ley y la posibilidad de infligir normas permisiblemente. Ahí encuadra el tema de los llamados “autos chocolate”, que además constituye una distorsión grave al mercado automotriz en nuestro país.

El impacto puede ser fatídico al combinar una caída progresiva de las ventas en el ramo que data pronunciadamente desde 2016. Desde ese año, la industria ha experimentado una baja promedio del 8.2% y, subrayadamente en el año de cierre por pandemia, hasta 19% en el 2020. Si atendemos a las cifras aportadas por la propia Secretaría de Hacienda, debemos saber que en México casi el 23% de la plantilla vehicular total corresponde a este tipo de vehículos.

En una situación de riesgo como esta, optar por la regularización a cambio de una cuota fija, no compensa ni detiene de forma alguna un deterioro que, en tiempos de astringencia económica puede significar una cascada de lesiones. La caída en las ventas de automóviles nuevos o seminuevos, de legal estancia en el país, corroe la recaudación, daña la cadena de suministro de autopartes e insumos, incrementa la desconfianza para la inversión en el ramo y finalmente acaba por disminuir la cantidad de empleos. La problemática se acentúa colateralmente por la inseguridad que su circulación lleva a las carreteras al encontrarse la mayoría de ellos en un estado ruinoso, además de la contaminación por emisión de gases ya que difícilmente cumplen con los parámetros de protección ambiental requeridos para un automotor.

Los poco más de dos millones de empleos vinculados al sector automotriz en México, podrían entrar en una espiral de extinción si las grandes empresas productoras no encuentran condiciones de permanencia en el territorio nacional. Hay que recordar que en conjunto la industria automotriz, ha atravesado por un complicado trayecto derivado de los efectos económicos de la pandemia. Los elevados precios del acero y la escasez pronunciada de chips semiconductores han ralentizado de forma preocupante la productividad del ramo. Además, habrá que sumar las duras condiciones de negociación sindical y las previsiones laborales contenidas en el T-MEC como factores adicionales al deterioro.

A pesar de ello, vender por anticipo el beneficio de la regularización al destinar los recursos al bacheo, no es más que demagogia destilada. Dichos fondos constituirán ingresos excedentes no participables según la Ley de Coordinación Fiscal. Así que; ¿beneficios para quién?.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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