La calidad del espacio público en una ciudad es indicador inapelable de la calidad del gobierno. Se trata de los bienes públicos esenciales de una urbe y de su tejido conector, de los espacios de encuentro y convivencia social, de las referencias físicas de habitabilidad y de activos colectivos que, sobre todo, permiten a los que menos tienen a acceder a la movilidad, a la recreación, a la cultura, al deporte y a la vida cívica. El espacio público es la objetivación del derecho a la ciudad, y su referencia de identidad, sentido de pertenencia y calidad de vida. El espacio público es la cara y el cuerpo visibles de una ciudad, lo que muestra su estado de salud, o bien su decadencia y decrepitud. El espacio público es la interfase entre todos los bienes públicos de una ciudad, es el ámbito y objeto fundamentales de gobernanza. El espacio público está constituido por plazas, parques, jardines, calles, aceras, bajo-puentes, paraderos de autobuses, y estaciones de metro; el propio transporte público es espacio público en movimiento.

Una de las primeras decisiones del actual Gobierno de la CDMX fue desaparecer a la Autoridad del Espacio Público, algo de suyo regresivo y en línea con lo que ha ocurrido en el gobierno federal. Los resultados están a la vista. No existe política de espacio público, ni tampoco responsables visibles y funcionales; todo se dispersó en numerosas dependencias. Ahora nadie rinde cuentas. Como espejo y siguiendo el ejemplo, la mayor parte de las alcaldías carece de responsables del espacio público. Un emblema de la dilapidación o destrucción del espacio público es lo que ocurre en la principal avenida de la ciudad y símbolo nacional: el Paseo de la Reforma. Todas las estatuas se encuentran vandalizadas; los monumentos históricos (estatuas de Colón y de Cuauhtémoc) también permanecen vandalizados, grafiteados, invadidos por indigentes, rebosantes de orines y de excremento humano. Los pavimentos están rotos, la iluminación es lúgubre, y la avenida está salpicada de predios baldíos, abandonados o subutilizados. Recurrentemente, diversas modalidades de ambulantaje se apoderan de las aceras, ofreciendo jugosas rentas a funcionarios corruptos y leales clientelas políticas al régimen. Tristemente, el Paseo de la Reforma refleja bien las condiciones actuales de gobernanza en la ciudad.

Pero el Paseo de la Reforma es sólo un dato más en la destrucción del espacio público en la CDMX. Calles completas en el centro histórico (Balderas, Moneda, Corregidora y muchas más) así como plazas y jardines (como La Ciudadela) han sido entregadas y privatizadas en beneficio de mafias de vendedores ambulantes, quienes mantienen en la actualidad un férreo dominio sobre ellas. Todas las estaciones del metro están saturadas y usurpadas por vendedores, al igual que todos los paraderos de transporte público y las inmediaciones de hospitales públicos. Y no hay que dar crédito a justificaciones basadas en el argumento de la pobreza y el desempleo; muchas ciudades en América Latina e incluso en México, con menos recursos económicos, han logrado contener y revertir el cáncer del ambulantaje y dignificar sus espacios públicos. La mayor parte de las aceras es intransitable, imposible para niños en carriola, ancianos y minusválidos: bloqueadas por puestos de ambulantaje, y con pavimentos peatonales destrozados (Insurgentes, la otra gran arteria de la ciudad, es un gran ejemplo). Todo ello impide la convivencia y la vida cívica, elimina la actividad peatonal y promueve la inseguridad. Lo peor es que a los que menos tienen, y que sólo pueden lograr movilidad y recreación a través del espacio público, se les impone un ambiente humillante de degradación, suciedad, obstrucción y pestilencia, que contribuye a cultivar el encono, la agresión, la frustración y el resentimiento social.

Hay un enorme vacío de aplicación de la ley y extendidas redes de corrupción y clientelismo; no existe regulación adecuada sobre el espacio público en la ciudad y es notable la confusión o sobreposición de facultades y responsabilidades entre entidades del gobierno central, y éste y las alcaldías. No hay política, ni un programa de espacio público, tampoco programas de manejo de áreas estratégicas, mucho menos, programas de inversión en equipamiento, mantenimiento e intendencia, o de promoción de la cultura en el espacio público. Es urgente una ley del espacio público en la CDMX, así como la restitución de la Autoridad del Espacio Público con plenas facultades y capacidades técnicas, y presupuestos adecuados. Es primordial aprovechar opciones de alianzas público-privadas para la creación, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos (ejemplo: parque La Mexicana), así como proyectos de gran envergadura como lo fueron en su tiempo la restauración de la Alameda Central, y de la Plaza de la República, así como la peatonalización de la calle de Madero. Y lo más importante, es preciso aplicar la ley de manera sistemática y romper las estructuras clientelares y corporativas de corrupción que explican la destitución y envilecimiento del espacio público en la CDMX.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.