La oposición radical española parte de una premisa antidemocrática: el Gobierno del presidente Pedro Sánchez es “ilegítimo”. Bajo esta idea, ninguna decisión del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos circula por vías legales.

No existe ningún procedimiento ilegal en el radio de acción de Pedro Sánchez durante su llegada a la Moncloa, pero el Partido Popular y Vox han decidido que, entre la nueva normalidad que arroja el Covid-19, se encuentra la salida del presidente.

Santiago Abascal (Vox), desde la tribuna del Congreso, decidió inmolarse políticamente a través de una frase tan ridícula como absurda: “Un gobierno que cuenta con el beneplácito de ETA” (7 de enero). El grupo terrorista ETA desapareció hace ya algunos años pero hacer este tipo de señalamientos enchina la piel del rating y cancela la oportunidad a Bildu de llevar al terreno de la política sus diferencias con el estado.

El Partido Popular ha revelado su peor rostro durante el azote del virus. Sin poder asimilar la conformación de la coalición PSOE-Unidas Podemos, y el apoyo otorgado a Pedro Sánchez por parte de Esquerra Republicana de Catalunya en votaciones puntuales, Pablo Casado regresó ayer 10 de junio, a la tribuna del Congreso bajo el efecto mimético de Vox: colocó a Sánchez junto a “batasunos e independentistas”.

Casado intentó eclipsar la ley más exitosa en lo que va del actual gobierno: la del ingreso mínimo vital que garantizará ingresos a las familias vulnerables desde 462 euros a 1,015 euros mensuales. La medida beneficiará a 850,000 hogares en los que viven más de 2.3 millones de personas.

La votación no encontró un solo voto en contra (297 votos a favor, 52 abstenciones). El PP no se atrevió a votar en contra por el enorme costo electoral que le podría acarrear una devaluación en su imagen.

La oposición se radicaliza cuando no toma decisiones. El gobierno de Pedro Sánchez asumió el control de la crisis de la pandemia hasta hace algunos días. Cometió el error de centralizar tensión y errores en su gobierno en lugar de delegar las decisiones a las autonomías, pero ahora que estas tienen prácticamente el control del desconfinamiento, en la Comunidad de Madrid va surgiendo información que debilitará el PP de Casado.

La consejera de Sanidad del Gobierno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso envió a las 475 residencias de ancianos que existen en la Comunidad de Madrid la orden de no enviar a los hospitales a personas dependientes y terminales internadas en esos centros para no colapsar los hospitales. Decisión darwiniana de preferir la muerte de ancianos antes de provocar el colapso en centros hospitalarios.

La Comunidad de Madrid es gobernada por la foto de Colón: PP, Vox y Ciudadanos. El Consejero de Políticas Sociales del gobierno de Ayuso, Alberto Reyero (Ciudadanos), a quien correspondía la gestión de las residencias, mostró su desacuerdo. Reyero supo que la política darwiniana del gobierno de Ayuso tendría consecuencias penales, y es muy probable que las tendrá.

Las cifras de ancianos muertos durante el azote del coronavirus podrían superar los 20,000 en toda España (editorial El País, 10 de junio), y sin embargo, entre marzo y mayo, el objetivo de la vocera del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, nunca fue la búsqueda de protocolos en las residencias de ancianos sino la puesta en marcha de una estrategia para debilitar al gobierno. Mimetizada por Santiago Abascal, Cayetana se inmoló políticamente al calificar al padre del viceprensidente de Gobierno, Pablo Iglesias, como terrorista: “Usted es hijo de un terrorista”.

Es el nivel de la oposición radical. Los errores de Sánchez son desfigurados por una oposición que, al ver todo como ilegítimo, se nulifica.

Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Consultor, académico, editor

Globali... ¿qué?

Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.