En la evolución del derecho público mexicano, se encuentra ubicada una rama específica que ha tenido por objeto la protección de los derechos de creadores, ya sea de invenciones, obras, nombres o imágenes que son utilizables en el comercio.

Los derechos de la propiedad intelectual conceden beneficios y seguridad a diversos sectores productivos, además de que favorece la competencia económica al salvaguardar en última instancia al consumidor mediante certeza en la calidad de su compra. De tal suerte que dicha rama genérica de derechos, se subdivide en la propiedad industrial y los derechos de autor para una correcta diferenciación de la materia a tratar.

En el primer caso, incluimos a su vez la protección a las marcas que vemos en las tiendas todos los días; aquellos signos distinguibles de otros de su misma especie en el mercado, son los que ya pasaron por diversos procedimientos para su registro y comercialización, pagando los correspondientes impuestos para ubicarse así en un mercado legal de mercancías.

En sentido contrario, encontramos aquellos objetos apócrifos que, en el ejercicio de la ley, son incautados por constituir falsificaciones de marcas protegidas que violan normativas como la Ley de Propiedad Industrial y muchas otras posibles. En este tipo de casos, el objetivo primario de un estado como el nuestro, sujeto a la ley sin remilgos ni huecos, debería ser retirar del mercado dichos bienes, además de proceder a su aseguramiento con fuerza imperativa en razón del daño que procuran a comercios, industrias y a la economía en general.

Proceder a su reinserción mediante la venta preferencial, resulta no tan solo inviable legalmente, sino lesivo de los intereses del estado mismo. Por ello la propuesta del presidente López Obrador para crear el “tianguis del bienestar”, donde se le de destino comercial a los productos incautados en apoyo a los más necesitados, nace de una mera ocurrencia más que de un estudio a conciencia sobre las distorsiones que esto podría generar en el mercado comercial.

Además, proceder a normalizar la ilegalidad, generaría poderosos incentivos hacia la informalidad y la evasión de impuestos aunado a los efectos perniciosos sobre las marcas, que pueden concluir con los cierres de industrias y comercios con la consecuente pérdida de plazas laborales tan necesarias en una etapa de pretendida recuperación económica. No es de forma alguna una señal positiva para nuestros socios comerciales, sobre todo para los vecinos del norte, con quienes existen compromisos claros a la luz del T-MEC.

Gran parte de esos compromisos establecen metas y obligaciones para el combate frontal a la piratería, entendida como un patógeno para la sana relación comercial. Tampoco son albricias para los inversionistas que recorren los caminos de la formalidad mediante el pago de impuestos, más bien parece ser una palmada comprensiva para la delincuencia. En un escenario como el actual, ¿Cuál sería el beneficio de una acción así?

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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