A pesar de los prejuicios que persisten sobre los gobiernos de izquierda, en el caso de México la inversión extranjera se ha mantenido como prueba de confianza en el tamaño de la economía, como parte importante de la integración comercial con Norteamérica, la cual podrá fortalecer aún más luego del reacomodo internacional del comercio una vez que termine el arreglo de EU con China. En caso de que el gobierno decida seguir abriendo paso a las inversiones de particulares en el sector energético —el de mayor potencial lo tiene a largo plazo—, los recursos con toda seguridad seguirán fluyendo hacia México sobre todo en caso de energías limpias. Igualmente, existen más áreas con capacidad de crecimiento en materia de inversión como la tecnología, en especial, la ciberseguridad, el turismo, los servicios financieros y la educación en todos los niveles, así como la protección del medio ambiente. También es necesario promover abundantes inversiones público–privadas para impulsar la obligada transición a la que debemos asistir como país para dejar nuestro rol de maquiladores de productos para nuestros socios comerciales e insertarnos más nítidamente en las cadenas de valor de la región. Nuestro modelo económico basado en el comercio exterior como proveedor de materias primas o maquilador se está agotando, por lo que es fundamental movernos hacia otra posición, aprovechando los cambios tecnológicos cada vez más profundos y dinámicos.

El país se mantiene atractivo para invertir no sólo en los mercados financieros que siguen ofreciendo tasas altas. La aún deficiente conectividad tanto de bienes y servicios como de personas ofrece muchas áreas de oportunidad para la inversión a través de particulares nacionales como internacionales. La debilidad fiscal de todos los gobiernos del mundo, unos más que otros, explica que, en pleno siglo XXI, exista consenso mundial en la necesidad que tienen los gobiernos de promover y facilitar la inversión privada en campos como la infraestructura, turismo, educación y salud. El gobierno no lo puede y menos lo debe hacer todo. Procurar la seguridad y justicia es su responsabilidad primaria; una vez logrado esto a plenitud, podemos pensar en roles adicionales como proveedor de bienes y servicios a la sociedad. Bajo una lógica de una relación sana y transparente el gobierno y el sector privado deben trabajar de la mano para servir a la sociedad en su conjunto y no a ciertos estratos.

En México, se vino construyendo una relación gobierno–Iniciativa Privada, en la que se beneficiaban algunos miembros del sector privado y la clase política, ante una sociedad inerme e impotente. Hoy el gobierno mexicano está empeñado en construir una nueva relación con los empresarios, cimentada en dos principios. Por un lado, en que ambos se unan para servir a la sociedad no para servirse de ella, y, por otro lado, en la ética, para que, mediante principios morales elementales, disminuya la corrupción en torno a esta relación. El presidente López Obrador, con su propio ejemplo de honestidad, encabeza este esfuerzo gubernamental por diseñar la nueva arquitectura de la relación público–privada, para que a través de la inversión la sociedad mexicana se beneficie al fin de esta relación. En este esfuerzo deberán estar invitados nacionales y extranjeros, en donde hay muchas áreas en dónde invertir.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.