Sus condiscípulos lo apodan El Huracán. Pero Luis Fernando Soto Jáquez no es famoso por eso o por su desempeño académico, sino por su beligerancia, como presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango.

En las manos de este joven de apenas 21 años, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, quien hace 15 días ordenó que se suspendieran las clases en esa escuela, que tiene una matrícula de 6,000 alumnos, está buena parte de la suerte del PAN, en la contienda electoral que se desarrolla en aquella entidad.

El 1 de mayo, la SEP notificó a la comunidad de esa institución que Amado Palomino Solórzano sería el nuevo director general, en relevo de Juan Gamboa García, quien había renunciado a ese cargo para que el PRI lo postulara como candidato a síndico municipal. Palomino, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años en ese subsistema de educación media superior, de inmediato fue impugnado. Supuestamente, por líos administrativos durante su gestión como Director del Tecnológico de Linares.

En realidad, por ser hermano de Tomás, también exdirector en Durango y quien a última hora aceptó integrarse a la planilla de la coalición PAN-PRD a la alcaldía, como quinto regidor.

El conflicto estalló el lunes 10 de mayo, cuando brigadas del CEDA impidieron a maestros y alumnos ingresar al campus del Tecnológico. Al movimiento opositor ya se había sumado Marco Antonio López Ramos, líder de la delegación D-II-6 del SNTE, a la que pertenecen los académicos y administrativos de ese centro educativo.

En respaldo, las agrupaciones estudiantiles del Conalep, los bachilleres, los CETIS y otras preparatorias públicas han suspendido clases intermitentemente. El líder de la Federación de Estudiantes Técnicos de Durango, Jaime Alonso Barros Villegas, quien las controla, ha jurado que todos irán a huelga, si las autoridades federales ignoran sus demandas.

Hace casi dos años, Barros Villegas entregó la presidencia de la CESA a Soto Jáquez. Una denuncia presentada por alumnos de esa institución al líder del Congreso local, Jorge Herrera Delgado, establece que ambos líderes forman parte del Consejo Político del PRI en Durango, lo mismo que López Ramos. Y que han sido financiados desde el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y el ayuntamiento.

Este movimiento no es político, pero se ha manoseado , acepta el dirigente de la CESA.

Ni él ni el dirigente sindical están preocupados porque se pueda perder el semestre, que según el calendario oficial concluye el 4 de junio. Ofrecen trabajar los fines de semana, inclusive, para recuperar las clases. Pero juran que Palomino no se quedará.

El viernes 14 de mayo, el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuath, recibió esta información, además de un reporte sobre las posibles implicaciones del conflicto, pero no hizo nada, bajo el argumento de que se trataba de un conflicto local. Cinco días después, el gobernador Ismael Hernández Deras llamó a los involucrados a una mesa de diálogo, en la que –de acuerdo con la representación de los alumnos y los trabajadores– Palomino mantuvo una actitud arrogante y se negó a negociar cualquier salida que implicara su remoción.

Menos de 12 horas después, un comando de estudiantes, encapuchados, con armas y gases lacrimógenos, ocuparon las instalaciones del administrador de los servicios educativos federales en Durango, Eduardo Mendoza, quien para más señas es cuñado de la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo. Los invasores hicieron sus destrozos a una calle del Palacio de Gobierno, sin que la policía interviniera. Y desde ese momento, las campañas políticas pasaron a segundo plano. Soto Jáquez –y no los candidatos a la gubernatura, son los protagonistas de los noticieros en Durango.

Este conflicto se ha desbordado por la irresponsabilidad de quienes lo han estimulado y patrocinado , acusó la diputada panista Claudia Hernández Espino, quien sabe de lo que habla. Dirigentes estudiantiles han sido el gobernador Hernández Deras y el candidato del PRI, Jorge Herrera Caldera.

El viernes 21, por la tarde, a la capital duranguense llegaba Juan Francisco Ciscomani, jefe de la Unidad de Evaluación y Políticas Públicas de la SEP.

Apenas se instaló en su hotel, se reunió con Hernández Deras, quien lo retuvo por más de tres horas, y después lo envió con el secretario de Gobierno, Oliverio Reza. Los funcionarios negociaban una salida intermedia al conflicto –que Palomino desistiera de su intención de ingresas a su oficina de la Dirección General en el Tecnológico... por lo menos hasta el 5 de julio– que, sobre todo implica el reconocimiento tácito de que este conflicto rebasa los intereses de maestros, alumnos y trabajadores de la institución académica y tiene –siempre tuvo– que ver con el desarrollo de las elecciones.

Si el gobierno federal cedía a este planteamiento, se reanudarían las clases en el Tecnológico, pero el PAN estaría condenado a perder la elección en Durango capital, donde su candidato es el senador con licencia, Rodolfo Dorador.