Está por verse qué sucederá en México con el llamado linkage, que no es otra cosa más que la vinculación entre autoridad sanitaria y autoridad de propiedad intelectual, con el fin de que los registros sanitarios de una no violen las patentes avaladas por la otra.

Y la duda está sobre todo ahora que hay nuevas cabezas tanto en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con Mikel Arriola, como en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), con José Rodrigo Roque Díaz. El tema seguro dará de qué hablar dado que la industria farmacéutica productora de genéricos está buscando eliminar esta vinculación, mientras que las industrias productoras de innovadores -básicamente de origen extranjero- piden no sólo que se mantenga, sino que se extienda.

Dicha vinculación fue una obligación impuesta por Estados Unidos a México a partir del TLCAN. El objetivo era proteger la innovación de la industria farmacéutica estadunidense -hoy ya no tan poderosa como entonces, pero aún así muy fuerte generadora de empleos. Estamos hablando de compañías tan fuertes, que cabildean intensamente, como J&J, Pfizer, Abott, Merck y Bristol, principalmente.

Hoy la obligación de dicho linkage es cada vez menos clara y está internacionalmente cada vez más cuestionada. El mismo EU lo eliminó en posteriores tratados comerciales como con Perú, Colombia y Panamá.

Es un asunto que interesa en demasía a la industria farmacéutica mexicana dado que se siente muy afectada por la gaceta publicada por el IMPI -misma que Cofepris debe checar antes de otorgar cualquier registro- donde ahora se deben publicar ya no sólo las patentes de sustancia activa, también las de formulación o procedimientos y donde están entrando patentes rechazadas incluso por el IMPI, pero incluidas a fuerzas por orden de un juez.

Arriola, titular de Cofepris, tiene muy clara la importancia de mantener el equilibrio entre genéricos e innovadores y también de no dejarse involucrar por los conflictos entre productores y comercializadores de unos y otros.

Finalmente, su responsabilidad es ante todo sanitaria. Habrá que considerar que ambos, Arriola y Roque, salieron de las filas de Hacienda, y seguro entre ellos habrá acuerdos sobre el tema.

Otro elemento a considerar es que en materia farmacéutica México es productor sobre todo de genéricos y que la innovación no es nuestro fuerte, es decir, que las moléculas verdaderamente novedosas y exitosas vendrán del extranjero. Y eso tendría que tomarse en cuenta por el IMPI porque para cumplir con su labor protectora de la propiedad intelectual, primero tendría que incentivar la innovación en México; de lo contrario, seguirá siendo vista como la protectora de las multinacionales.

Anafam vs acuerdo con Brasil

La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, que preside Dagoberto Cortés, ha manifestado su desacuerdo ante la Secretaría de Economía de que se incluya a este sector dentro de un acuerdo de libre comercio con Brasil. Y es que tienen un punto: si hay un país protector con su industria en la región, ése es Brasil. La autoridad sanitaria brasileña es muy exigente cuando se trata de autorizar medicamentos de origen mexicano.

Dice Dagoberto que a veces es más fácil pasar una autorización de FDA (de EU) que una de Bisa, el regulador sanitario brasileño. El riesgo es que con un acuerdo comercial, México se abra a los medicamentos brasileños, pero Brasil no quiera aceptar realmente a los fármacos de origen mexicano. Y aquí surge la necesidad de elevar la credibilidad de Cofepris. ¿Cómo? En principio, validando sus procesos ante la OPS.

Impacto financiero del VIH

Un dato es el que dio recién el titular de Censida, José Antonio Izazola: el gasto para comprar antirretrovirales para personas infectadas con VIH fue de 1,800 millones de pesos de abril del 2010 a marzo del 2011 y se elevará a 2,100 millones de pesos. Eso, porque se decidió mantener el acceso universal al tratamiento antirretroviral para VIH/SIDA, que ocupa 42% de los recursos del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Es lo que sucede cuando los enfermos y sus familiares se organizan y movilizan para exigir atención, algo que poco se ve en pacientes de otras enfermedades.