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Golpe a la Corte, decretan amparo de salva
El viernes 14 de junio de este 2024, se concretó un fuerte golpe en contra del Poder Judicial.
Ocurre en vísperas del golpe definitivo que recibirá la Corte, en su autonomía, el próximo mes de septiembre.
Esa expectativa es la que ha mantenido con incertidumbre y volatilidad a los mercados cambiario y de capitales.
En septiembre próximo iniciará la nueva legislatura e inexorablemente aprobará –como han dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum– la reforma judicial para que los jueces, ministros y magistrados sean electos por votación popular.
La reforma judicial, coinciden los expertos en materia legal, eliminará el último contrapeso que tiene el Poder Ejecutivo y tendrá severas consecuencias políticas y económicas.
Pero no hay que esperar a septiembre para que la Corte registre obuses desde el Ejecutivo.
Al final de la semana pasada (del 10 al 14 de junio), en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se registró el albazo.
Se publicó el decreto por el que se reforma la Ley de Amparo.
Ordena que no se dicte la suspensión con efectos generales en amparos cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas generales.
La intención clara del partido oficial es que no se puedan suspender leyes que violen la Constitución y así permanezcan activas por años hasta que se resuelvan los juicios.
El 24 de abril de este año, la Cámara de Diputados avaló la reforma de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.
Justo en la antesala de la inexorable reforma judicial, que marcará un parteaguas en la vida institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal difundió, en la publicación oficial, el decreto que modifica la Ley de Amparo.
Previamente, el 24 de abril de este año, la Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley de Amparo.
Los cambios prohíben las suspensiones con efectos generales contra leyes.
Esto significa que los jueces no podrán detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución, hasta que la norma modificada se declare inconstitucional.
Esta reforma fue aprobada primero por el Senado, luego por la Cámara de Diputados y ésta lo envió a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.
Las modificaciones derogan el artículo 129 y modifican el 148, para establecer: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
El principal argumento del partido en el poder para la reforma es que en los últimos años, la Corte ha “adoptado” criterios que rige el juicio de amparo y “han concebido suspensiones con efectos generales contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo”.
Básicamente acusan, que la SCJN ha frenado obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, y leyes como la de la Industria Eléctrica o el Plan B de Morena en materia electoral
Morena alega que la Corte ha incurrido en “una intrusión indebida en las competencias del Congreso y una infracción al principio de separación de poderes”.
Presuntamente la reforma busca –de acuerdo con los promoventes– equilibrar las relaciones entre el Poder Judicial y Legislativo y evitar que uno esté encima de otro.
Los partidos de oposición denuncian que la reforma limita el contrapeso que representan los jueces de amparo.
Consideran que la reforma a la Ley de Amparo es una reacción a los frenos que le ha puesto el Poder Judicial al gobierno de Morena, al suspender leyes y normas generales, como el decretazo que declaraba todas las obras como de seguridad nacional para ocultar información.
Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo más seguro es que sea impugnada por los partidos de oposición como ya lo han anunciado e incluso podrían presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo que se observa, la reforma a la Ley de Amparo es el primer paso de la reforma judicial que busca concretar el gobierno lopezobradorista, en cuya consecución, se ven pocas posibilidades de evitarlo.
Los mercados han mostrado incertidumbre, nerviosismo y volatilidad por los cambios al marco legal de México. Desde el gobierno se minimizan estos efectos, que podrían recrudecer.
Veremos lo que viene. Al tiempo.
