París.- ¿Qué nos está enseñando la crisis del Covid-19 sobre la función del Estado y qué lecciones duraderas extraerán nuestras sociedades de ella? Aún es muy pronto para hacernos estas preguntas, pero no podemos evitarlas. Posponer la discusión simplemente creará oportunidades para las viejas obsesiones insignificantes cuyo momento pasó hace ya mucho (si es que alguna vez fueron adecuadas).

El punto de partida debiera ser que, a pesar de los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro y de Estados Unidos, Donald Trump, en el campo de batalla se ha forjado un nuevo consenso por la pandemia. Podemos resumirlo con cuatro propuestas.

En primer lugar, el valor social de las profesiones, tareas y comportamientos -el precio que debe guiar las decisiones individuales y para las políticas- suele diferir en gran medida de su valor de mercado. En algún momento cerca de fines de marzo, gran parte del mundo se dio cuenta de que el trabajo de un enfermero o un asistente de enfermería valía más -al menos en ese momento– que la paga que suelen recibir.

Esta desconexión no es nada nuevo, pero la habíamos olvidado. Al poner el foco en el sector donde el desempeño de los mercados es peor -el cuidado de la salud- la pandemia del coronavirus inevitablemente condujo a una bienvenida reevaluación de las funciones relativas de los mercados y el Estado.

En segundo lugar, sólo los gobiernos pueden brindar un seguro contra los riesgos catastróficos. También en este caso, hace mucho sabemos que el Estado es el asegurador de última instancia, pero algo relativamente abstracto de repente se volvió obvio para todos. En una situación de estrés generalizado, solo los gobiernos (con la ayuda de los bancos centrales) pueden proteger a los ciudadanos, evitar bancarrotas y limitar la fragmentación social. Los mercados son buenos para abordar aquellos riesgos que se compensan entre sí, pero sólo el Estado puede ocuparse de los riesgos de eventos excepcionales.

En tercer lugar, la globalización promueve la eficiencia, pero es el Estado quien debe crear resiliencia. Hasta hace poco se tenía fe en que los países siempre pueden recurrir a los mercados globales líquidos y solventes para acceder a los bienes que necesitan, pero luego llegó la impactante sorpresa de que estos mercados podían sufrir trastornos frente a un cambio brusco en la demanda de mascarillas y respiradores, y que la producción de China representaba el 60 % de las exportaciones globales del equipamiento médico de protección. No sorprende entonces que la “soberanía sanitaria” haya sido el primer componente del recientemente anunciado plan francogermano de recuperación para Europa.

Finalmente, los obstáculos que limitan la intervención estatal se pueden superar cuando se trata de problemas de magnitud tal que ocurren una vez por siglo. Cuando se instaló la crisis en marzo, la Unión Europea decidió rápidamente relajar sus normas que limitan la asistencia estatal a las empresas privadas y activar una cláusula de escape que exime a los estados miembros de las rigideces fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ambas decisiones permitieron a los estados miembros de la UE ofrecer un apoyo financiero masivo a los trabajadores y empresas privadas a través de esquemas de protección del empleo, así como garantías crediticias, préstamos, subsidios y asistencia para la ampliación del capital accionario.

La pregunta ahora es qué partes de este consenso sobrevivirán a la fase aguda de la crisis. Después de la crisis financiera mundial de 2008, muchos sostuvieron que el capitalismo irrestricto estaba condenado al fracaso. Como dijo en Davos el por entonces presidente francés Nicolas Sarkozy en 2010, “esta crisis es una crisis de globalización. Es nuestra visión del mundo la que, en un momento dado, resultó estar equivocada. Es entonces nuestra visión del mundo lo que debemos corregir”. Pero, aunque se ajustó la normativa bancaria después del colapso financiero del 2008, las reformas al capitalismo no lograron estar a la altura de esas grandes ambiciones.

De todas formas, el impacto del Covid-19 es mucho mayor y las tensiones sociales preexistentes son más profundas que en el 2008. La crisis actual debiera entonces proporcionar un terreno fértil para reevaluar la función y las responsabilidades únicas del Estado.

Este proceso debiera conducir a un cambio en las políticas que lleve a los marcados al lugar que les corresponde: el de instituciones sociales esenciales, en vez de dominantes. Para parafrasear al historiador económico Karl Polanyi, los mercados deben insertarse en las relaciones sociales, no al revés. La actual emergencia climática y, en términos más generales, el creciente peso de las interacciones que quedan fuera de los mercados -que los economistas llaman externalidades- no hacen más que fortalecer esta visión.

De igual modo, el trauma del Covid-19 debiera servir para recordarnos que los gobiernos deben mantener capacidad excedente para desempeñar sus funciones completamente en una emergencia. No es casualidad que Alemania, con sus vastos recursos, haya respondido con tanta intensidad ante la crisis actual, mientras que Italia y (aún más) Grecia, tienen una capacidad de acción más limitada. Y aunque el apoyo de los bancos centrales puedes ayudar a flexibilizar los límites al endeudamiento gubernamental -especialmente en el actual entorno de bajas tasas de interés-, no los elimina completamente.

Pero es posible que los organismos de gobierno actualmente traumatizados, vulnerables a las pasiones y proclives a la desconfianza, quieran ir aún más lejos. Es cierto, los gobiernos son mucho menos culpables por el Covid-19 que, por la crisis financiera, que fue una catástrofe creada por ellos mismos, pero de todas formas los motivos de queja abundan y no harán más que aumentar frente a las dramáticas consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

En este contexto, es posible que, en su enfado, los ciudadanos se vean tentados a creer que debe haber motivos ocultos para la disciplina que ayer 1 de junio, era supuestamente inevitable y concluir que, como todo lo que antes se consideraba imposible repentinamente es posible, los gobiernos debieran dejar de regirse por limitaciones aparentemente imaginarias.

Muchos se preguntan ahora, por ejemplo, por qué se impusieron fuertes restricciones presupuestarias a los hospitales, para después eliminarlas en respuesta a la pandemia. Muchos cuestionarán los motivos por los cuales los gobiernos insistieron durante tanto tiempo en que tenían que reducir los niveles de deuda pública y luego comenzaron a gastar en cada problema cuando hizo falta. Y muchos preguntarán por qué los responsables de las políticas fomentaron la apertura económica como algo de interés fundamental para sus países, hasta que la soberanía se convirtió en el nuevo mantra.

Son preguntas legítimas. La pandemia hizo añicos muchos tabúes relacionados con las políticas, por lo que la respuesta no puede ser que “No Hay Alternativa”. (La NHA es otra víctima de la crisis y nadie debiera guardar luto por ella). Nuestras sociedades necesitan un debate abierto y basado en los hechos sobre las opciones que nos aguardan y los principios que debieran guiar las decisiones, pero no hay certeza de que sean capaces de lograrlo en la actualidad. La batalla entre una filosofía nueva para las políticas y un nuevo ropaje para el populismo definirá nuestro futuro.

El autor

Jean Pisani-Ferry, miembro senior del grupo de expertos Bruegel con sede en Bruselas y miembro senior no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional, ocupa la cátedra Tommaso Padoa-Schioppa en el Instituto Universitario Europeo.