En el 2018 la sociedad mexicana votó mayoritariamente por un cambio en cómo se venían haciendo las cosas. El deseo con relación a la magnitud y profundidad de este cambio se desconoce a plenitud e incluso ha estado en debate. Por un lado, se encuentran los que piensan que el voto ciudadano de las pasadas elecciones presidenciales justifica un cambio radical, total y absoluto del régimen político y social, así como en el modelo económico de desarrollo que por más de 36 años buscó infructuosamente, instaurar una economía de mercado con un Estado garante de un pleno estado de derecho. Por el otro lado, hay quienes piensan que, el mandato fue para combatir la corrupción, mejorar la seguridad pública y atender a los más necesitados partiendo de mantener el crecimiento económico que se tenía e incrementarlo de forma importante. El proceso de cambio en los años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha presentado resistencias por parte de quienes se sienten afectados, particularmente, los grupos empresariales ligados a las licitaciones públicas, autorizaciones o concesiones del gobierno que llegaron a tener ganancias obscenas.

En ese proceso nos encontrábamos antes de las elecciones de medio término. El resultado electoral ratifica la decisión de cambio expresada en el 2018. No obstante, esta transformación requerirá de abrir espacio a más diálogo y negociación que son las bases de la política. Lo mexicanos queremos desmontar la mala implementación de lo que se conoce como neoliberalismo que, para el caso mexicano, significó: concentración de la riqueza en muy pocos, abandono de los estados del sur y el crecimiento ingente de la corrupción que llegó a ser ejemplo mundial de cómo no se deben de hacer las cosas. El liberalismo no es ni por asomo lo que se tuvo en México que, luego de más de seis lustros, permitió monopolios y oligopolios en sectores sensibles. Lo más rescatable es la autonomía de la política monetaria y la notable apertura comercial. Bajo el pretexto de mantener un estado concentrado en sus funciones básicas de seguridad, educación, salud y distribución de la riqueza, se privatizaron 1,155 empresas públicas, ninguna con éxito; se benefició sólo a ciertos grupos empresariales, se minimizó la capacidad del gobierno para regir la economía y se mermaron sustancialmente a las finanzas públicas debido a la existente economía informal.

Estas cosas hay que cambiarlas así lo ha demandado la sociedad en las pasadas dos elecciones bajo procesos plenamente democráticos que han dado un excelente y relajante mensaje a los agentes económicos y a los mercados de que nuestra democracia es sólida y que somos capaces de decidir y ajustar lo que queremos hacia adelante. Si todo continúa como hasta ahora, complementado con mayor diálogo y negociación, es previsible que la inversión encuentre una mejor atmósfera para ampliarse con la consecuente creación de empleos y el mejoramiento de las condiciones sociales de todos los estratos de la sociedad.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.

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