El esbozo de presupuesto, “precriterios 2025”,  implica fuertes limitaciones para el siguiente gobierno en su primer año

En los “precriterios” para 2025 se prevé que en 2024 el déficit público alcanzará 5.9% del PIB; para ello la próxima administración tendría que reducirlo a 3.0% del PIB en 2025. El ajuste es necesario para la estabilidad macroeconómica  e implicaría una caída del gasto público de 8.8%.

El gobierno ha sostenido que el ajuste es sencillo porque este año se acabará el gasto de las inversiones insignia como el tren Maya y Dos Bocas, lo que ve como un “ahorro”.  El subsecretario de Hacienda dijo que el gasto de unos 400 mil millones de pesos (mmp) en infraestructura no se replicará en 2025 y que además habrá ingresos adicionales por unos 200 mmp, no incluidos en los ingresos fiscales de 2025 en los precriterios. Este documento prevé una reducción del gasto de 480 mmp que parecería congruente con lo que afirmó el subsecretario, pero no lo es.

Por su parte, el secretario de Hacienda señaló que en 2025 “no hay caída de gasto… sino una normalización”. O sea, volver al gasto público inercial que no incluye rubros extraordinarios, como aparentemente Hacienda ve las obras faraónicas del sexenio.

La presunción de la facilidad de reducir el déficit en 2025 a la mitad se basa en información opaca, por decir lo menos. No obstante, es posible anticipar que el ajuste realmente implicará una pronunciada reducción del gasto de la nueva administración, si efectivamente pretende reducir el déficit a la mitad.  Ello, sin duda, limitaría fuertemente su margen de acción y la puesta en marcha de sus propios programas.

La dificultad real del ajuste necesario del gasto reside en la rigidez de varios de sus rubros: el servicio de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones y las participaciones a estados y municipios que se determinan por ley. La nómina pública tiene prácticamente la misma rigidez en el corto plazo.

Con información de precriterios y proyecciones razonables basadas en los ejercicios de 2023 y 2024, se estima que dichos gastos irreductibles alcanzarán el 67% del gasto. El resto del gasto, el residual, el que se puede afectar realmente, sumará 2,867 mmp en 2025, que es 21% inferior en términos nominales a la cifra equivalente de 2024 y 23.5% menor en términos reales (una vez deducida la inflación prevista oficialmente para el año próximo).

Si en efecto la inversión física específica a este gobierno de 400 mmp se deja de hacer, el gasto residual sería 14% real menor al concepto equivalente de 2024. Y si además se presentan los ingresos adicionales por 200 mmp, el gasto afectable en 2025 tendría que ser 8.4% real menor al de 2024, caída sin duda muy fuerte.

Es deseable que el siguiente gobierno apueste a la estabilidad económica y simultáneamente enfrente de inicio y con seriedad los graves y evidentes rezagos que se han acumulado en campos como Salud, Educación y Seguridad públicas e infraestructura adecuada y seguridad en el abasto de energía a fin de  aprovechar significativamente la oportunidad del nearshoring.  Pero por ahora el logro de ambos objetivos parece imposible.