El Tren Maya y el Tren del Mame

En el sexenio de Felipe Calderón nos opusimos al proyecto Tajamar por los mismos motivos que ahora al Tren Maya. La vulneración de la legislación ambiental. Hoy existen mucho más argumentos técnicos y jurídicos. Si el presidente actuara conforme al estado de derecho y no al estado de ánimo, aprendería de la cancelación del proyecto Tajamar. Este no solo afectó la creacion de empleos (más de 15 mil entre directos e indirectos), sino que canceló también importantes inversiones (cercanas a los 11,000 millones de pesos), estimaciones reportadas por el especialista Jesús Vázquez. Dicha cancelación generó millonarias indemnizaciones que el gobierno actual sigue atendiendo mediante posibles permutas. El abandonado de lo que quedó ha dado pie al saqueo de luminarias, cableado y registros de drenaje. Una rapiña de casi 20 millones de pesos. De acuerdo al libro blanco del frustrado proyecto, elaborado por Fonatur, el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos entre 2003 y 2012. Más de 35.5 millones de Impuesto Predial, 4.3 millones en energía eléctrica y 3.3 millones adicionales por concepto de vigilancia. Hoy, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha logrado que en el Malecón Tajamar no puedan desarrollarse proyectos turísticos, obligando al mismo tiempo a la Semarnat a restituir toda la zona de mangle que fue deforestada. 

Lo mismo puede ocurrir con el capricho presidencial del Tren Maya. Perder, no solo dinero, sino un patrimonio natural invaluable. El 30 de enero de 2019, presentamos como despacho (Artículo 27), un Amicus Curiae al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que fue admitido. En primer lugar el derecho a la consulta que, como la misma Corta ha dicho, aplica ante cualquier medida legislativa. Esto es: reforma constitucional, ley, reglamento, norma oficial, administrativa: acto, permiso, concesión y licencias susceptibles de afectarles directamente. No se cumplió.

• Viola el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el principio de la “consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas”. Esta no puede sustituirse con ninguna consulta nacional, y tendría que realizarse de manera trasparente y bajo la observación de una comisión sin conflicto de interés. Este es un derecho humano legitimado, cuyo incumplimiento puede llevarnos a Naciones Unidas.
• Viola la fracción IX del artículo 2do constitucional: “Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios (…) y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Esto no ocurrió.
• Viola la Ley de Planeación, que tiene por objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo. Dentro de sus principios rectores, están las obligaciones estatales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. Pasa por encima de lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre la titularidad de los derechos de los pueblos indígenas que es lo que les permite mejorar progresivamente sus condiciones de vida. 

El pasado 9 de marzo, un tribunal colegiado otorgó suspensión definitiva de las obras en los tramos 1, 2 y 3 del proyecto, que van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán. Vergonzosa y lamentablemente, el presidente ha dicho que continuará las obras. Está incurriendo en desacato a un mandato judicial. En relación al tramo 5 del proyecto, no se apega a los elementos técnicos y disposiciones legales en la materia que hagan factible su construcción, de acuerdo a diversos especialistas en la materia, así como de distintos institutos de investigaciones, entre ellas de la UNAM. Sostienen que en los últimos treinta años México ha sido reconocido por estar en el grupo de los 12 países megadiversos que hay en el mundo, con un cuarto lugar, pero al mismo tiempo ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante. El Tren Maya coloca a México en una situación de grave riesgo. Considérese el agua, por ejemplo, un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas, por lo que estos sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales. Solo se está pidiendo hacer las cosas bien, aunque tarden más que el pretendido corte político de listón.

No es un tema de filias y fobias a determinados artistas y actores que prestan su voz para amplificar el problema. Es un tema de respeto al orden jurídico establecido, al hábitat y a los derechos humanos. Sería deseable que los pasajeros del tema bajaran del tren del mame y trataran de entender el Tren Maya en su dimensión jurídica, cultural y medioambiental.