TERCERA PARTE

En las pasadas dos entregas hemos comentado que la existencia real de una política industrial por parte del gobierno que permita detonar el desarrollo particularmente del sureste, que no ha sido favorecido en nada por la integración con Norteamérica, y la implementación de una política frontal para eliminar la corrupción del quehacer público son dos diferencias centrales con lo que se hacía en el pasado en materia económica. El gobierno del cambio del presidente López Obrador está presentando ante la sociedad una nueva visión económica que mantiene el libre comercio y el equilibrio en finanzas públicas, pero con diferencias notables con el pasado. Otra diferencia sustancial con el pasado en términos de política económica se encuentra en la orientación del gasto público. En efecto, mientras que en los últimos años los ingresos y gastos del Estado venían ejecutándose de manera inercial con una distribución desigual entre los estados de la Federación que más crecen y los menos favorecidos. En esta administración se está buscando reorientar el gasto para favorecer cada vez más, y en la medida de lo posible, a aquellas entidades de la República que requieren mayores recursos para alcanzar mejores niveles de crecimiento y con ello tratar de equilibrar la enorme disparidad que existe entre los estados, producto de décadas de mala distribución. Por ejemplo, por muchos años los estados con vocación petrolera como Campeche, Tabasco y Veracruz generaron cuantiosas sumas de dinero que la Federación gastó en infraestructura en todo el país, pero al cabo del tiempo, estas entidades no recibieron en términos de Inversión Fija Bruta ni la décima parte de lo que aportaron al resto. Actualmente cuando la producción de hidrocarburos ha venido cayendo sistemáticamente, los estados con vocación petrolera están sufriendo las consecuencias sin que haya un esfuerzo real por parte de la Federación para apoyarlos e impedir su caída en términos de desarrollo, lo que nos enfrenta a la realidad de que en estos estados se concentran los mayores niveles de pobreza y marginación. Bajo la lógica anterior, hoy contamos con un gobierno que tiene en el sur del país su principal prioridad no sólo de gasto sino del resto de las políticas públicas que irá generando, entre ellas el suministro del gas que es vital para detonar el desarrollo en aquella región.

En el mismo sentido se encuentra la reorientación del gasto público para atender a las personas con mayores necesidades y que por muchos años han sido más bien objeto de clientela política a través de la concatenación de decenas de programas sociales que, a juzgar por los resultados, no han dado los resultados suficientes si se toma en cuenta los cientos de miles de millones de pesos que año con año se destinan a la población vulnerable. Este gobierno nos propone revisar a fondo la enorme cantidad de programas sociales que cada año se duplican en monto y número sin que tengan el efecto deseado. Como nunca la más alta prioridad del gasto público está centrada en la población más vulnerable como lo son las comunidades indígenas, las personas de la tercera edad y los jóvenes que no encuentran oportunidades para un empleo o realizar estudios. El esfuerzo que se pide es que el resto de los agentes económicos utilicen sus propios recursos y capacidades para continuar con su crecimiento, porque ahora el gobierno estará comedido en atender prioritariamente a las regiones del sur y a la población que por años ha sido objeto de una ayuda simulada que ha servido para justificar enormes gastos y desvíos de recursos sin que en realidad sean auténticamente beneficiadas. La existencia, por ejemplo, de la llamada Cruzada contra el Hambre del sexenio pasado sólo sirvió para el desvío cuantioso de recursos públicos en un programa que ni siquiera operaba la totalidad de sus apartados, con compras de alimentos de dudosa calidad y a un sobreprecio considerable. Lo mismo puede decirse de decenas de programas sociales que generaron una insana gestión de recursos a través de coyotaje o intermediaros que generaban que las personas con necesidades reales recibieran 20 centavos de cada peso que se les asignaba. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al frente de Arturo Herrera, hace un esfuerzo considerable por reorientar el gasto público, primero que nada para atender a las regiones y personas más vulnerables y que ya no pueden seguir esperando que el desarrollo les llegue algún día e igualmente tratar de estimular, vía el gasto público, el crecimiento económico en el entendido de que el gobierno ni lo puede ni lo debe hacer todo. Unas finanzas públicas en equilibro y enfocadas en los que menos tienen es otra de las principales diferencias que en materia de política económica este gobierno mantiene con relación a las anteriores administraciones.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas