Muchos han sido los episodios de crisis y aprendizaje por los cuales ha transitado el sistema financiero mexicano. En todos los casos, el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y certeza para el usuario fue una consecuencia natural. Desde evitar los abusos de organismos mediante la supervisión especializada, hasta la protección de derechos por actos ejercidos mediante la creación de instituciones vigilantes del ramo.

Ante la dimensión de su enorme actividad, la banca comercial siempre ha sido un componente de especial atención tanto para la Secretaría de Hacienda como para el Banco de México, y ahí en ese particular casillero, el otorgamiento de crédito mediante diferentes productos, es de los servicios más recurridos, particularmente en tiempos de necesidad económica. Resulta subrayadamente preocupante que, el Senado mexicano, haya aprobado en recientes días una minuta que hospeda una aberración jurídica en detrimento de aquello que supuestamente vendría a resolver.

El acceso al crédito para trabajadores anclado en su salario, debe ser irrestrictamente una actividad propia del sistema financiero a través de la banca comercial. Sin embargo, una pretendida modificación a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vendría a crear una profunda distorsión ante la posibilidad que, entidades distintas, pudieran otorgar crédito que en la minuta aludida se denomina “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”. Esta es una cuestión que, de entender la profundidad de su problemática, la Cámara de Diputados tendrá que corregir al rechazar tan dañino cometido.

Una reforma legal que permita otorgar créditos de nómina a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) vendrá a lesionar no solo al mercado de productos financieros y a las instituciones en sí, vendrá a dañar con hondas repercusiones a los trabajadores que eventualmente optaran por esta vía, al someterlos a condiciones contractuales que no encontrarían traba alguna para el abuso. Una Sofome no está sometida a un marco de regulación que le impida cobrar tasas de interés desmedidas o que le limite a realizar cobros indebidos. No hay seguridad alguna para el acreditado al no tratarse de un servicio supervisado por las comisiones nacionales regulatorias y de solución de controversias.

Podría adicionalmente causar un escenario dañino para el empleador, donde éste quedara desprotegido al no verificar la capacidad de endeudamiento de trabajadores ni tener la vinculación obligada con Sociedades de Información Crediticia que otorguen seguridad en la relación.

Estamos más bien ante una ocurrencia elaborada con muy poca reflexión que, eventualmente, podría esclavizar a trabajadores a un ciclo de deuda impagable, y, además, podría crear una distorsión de dimensiones desconocidas en un escenario de restricción económica del cual aún miles de trabajadores y empresas se están recuperando. ¿Para qué un experimento tan riesgoso cuando hay todo un esquema orientado a la seguridad y la certeza? No apostemos por espejismos, no hace falta.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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