Ciudad secuestrada

Qué significa el secuestro de los espacios públicos emblemáticos de la ciudad? ¿Cómo interpretar que plazas, estaciones del Metro, paraderos de transporte, inmediaciones de hospitales y oficinas, bajo-puentes, parques, jardines y calles hayan sido conculcados por mafiosos poderes fácticos?

¿A qué vergonzosa enfermedad, falla estrepitosa o debilidad profunda de gobierno nos remite este síntoma indignante? La custodia y gestión del patrimonio público es responsabilidad primerísima de cualquier gobierno local. Intendencia y policía son sus tareas fundacionales, e indicadoras de la calidad del gobierno, de su fortaleza y desempeño sistémico; así como en ecología, la presencia de especies indicadoras revela la integridad y salud de un ecosistema.

¿Por qué llegamos aquí? Pueblos y barrios históricos como Tacuba entregados al vandalismo y al ambulantaje más fétido y decadente. La Alameda Central y la Plaza de la Ciudadela invadidas por hordas organizadas de vendedores callejeros, muchos transferidos desde el perímetro A del Centro Histórico. Todas las entradas de las estaciones del Metro saturadas por puestos pestilentes, que nos equiparan a la Cité du Soleil en Puerto Príncipe, y sus vagones, al servicio de estridentes merolicos vendedores de mercancías ilegales, y que desquician a los pasajeros. Extensas superficies de áreas verdes (como el paradero de Insurgentes Norte) devoradas por las modalidades más infames de comercio callejero.

Los hospitales públicos (Hospital General, La Raza, Centro Médico) sitiados por la pestilencia caótica de un asqueroso comercio ilegal. Todos guarecidos bajo la estructura más perversa de protección y corrupción corporativas. Ahí, parece una ciudad envilecida y sin respeto a sí misma, que le impone a quienes no pueden huir a los guetos residenciales y a centros comerciales privados la humillación de la fealdad, el caos, y la inmundicia como paisaje cotidiano, el estrés y el resentimiento.

Es la matriz física–urbana que corroe el tejido social, y cualquier traza de virtudes cívicas e identidad y orgullo colectivo; incuba la delincuencia, expulsa la vivienda, el comercio y la inversión inmobiliaria, y deja montones de basura maloliente y necrosis cada vez más anchas en la trama de la ciudad, con edificios y predios graffiteados, abandonados y derruidos.

Bien se sabe que esta atmósfera de decrepitud invita a la inseguridad y a la impunidad, y es eslabón vital de la informalidad, el robo y la piratería. Elimina el imperio de la ley, sin lo cual el futuro de la ciudad es impensable.

Nos dicen que son pobres (los pobres, en México, como dice Luis Aguilar, primero son pobres y luego ciudadanos corresponsables), y que es un paliativo al desempleo.

En realidad destruyen el empleo al ahuyentar inversiones, provocar la decadencia económica y precipitar a la quiebra a los comercios formales.

Otras ciudades menos pudientes pero bien gobernadas han logrado confrontar exitosamente esta gangrena: Bogotá, Medellín, Lima, Santiago, Querétaro e incluso la delegación Coyoacán.

El Gobierno del Distrito Federal creó recientemente la Autoridad del Espacio Público, en teoría con el mandato y la capacidad de aterrizar un sistema de gobernanza eficaz sobre el patrimonio público. Veremos.