Sinónimos de concurso mercantil: quiebra, bancarrota, insolvencia. Cualquiera de esas palabras define la situación financiera actual de la Red Compartida de Altán Redes: una mala idea y un mal proyecto de telecomunicaciones. 

Altán informó que inició un concurso mercantil. Según la ley en la materia, consta de dos etapas sucesivas, conciliación y quiebra. La conciliación es conservar la empresa mediante el convenio que suscriba Altán con sus acreedores; la quiebra es la venta de la empresa, unidades productivas o bienes que la integran para pagar a los acreedores.

El comunicado de Altán está salpicado de hermosas frases anotadas por Salvador Álvarez, CEO de la Red Compartida, que intentan negar la realidad: “respaldo de nuestros accionistas y del Gobierno de México”, “el modelo de negocio de Altán es exitoso”, “hemos logrado consolidar nuestra posición en el mercado”, “la oferta comercial de conectividad más competitiva”, “nace de un proyecto único en el mundo”, “transformar las telecomunicaciones en México”, “con el objetivo de cerrar la brecha digital y fomentar la competitividad”. 

Álvarez fue nombrado Director General de Altán Redes para preparar el concurso mercantil, porque esa es su especialidad. El comunicado que lo anunció en octubre de 2019 es diáfano: “Salvador Álvarez posee un sólido conocimiento del sector de las telecomunicaciones en México, ya que fue CEO de Maxcom y, más tarde, de Nextel, empresa esta última que reestructuró y posteriormente vendió a AT&T. 

Altán se encuentra en la tercera de cinco etapas del duelo de la psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross. La primera fue la negación de aceptar que la Red Compartida es un proyecto de telecomunicaciones cuyo modelo de negocio nunca estuvo claro o es fallido. 

La ira es la segunda etapa, como cuando el Consejero Delegado de Altán Redes, Joaquín Coronado, despotricó contra la asociación de operadores móviles GSMA por negarle a Altán la membresía para lograr acuerdos de roaming con otros operadores. En su enojo, Coronado dirigió su ataque contra el enemigo más cómodo, América Móvil, porque “la industria no asimila que nos quedamos con la banda de 700 MHz”.

Le dijo al periodista Nicolás Lucas de El Economista: “el que más intereses tiene que eso no ocurra es el operador preponderante. Los que forman parte de la GSMA son los operadores de red, que no les gusta el modelo mayorista, porque lo ven como amenaza para su negocio; piensan que controlar la red en exclusiva les da oportunidad competitiva. Imponen una barrera a la competencia, utilizando la capacidad de veto de este operador en la asociación”.

En un artículo publicado en Excélsior, después de anunciar un convenio de “Roaming Social” y de reunirse con el presidente AMLO, Salvador Álvarez anotó que “la Red Compartida está cumpliendo con sus propósitos fundamentales, ante eso conviene preguntarse quién desearía el fracaso de una iniciativa de tan grande alcance social”. 

La tercera etapa del duelo es la negociación a través del concurso mercantil. Los socios de Altán son el Fondo de Infraestructura de Morgan Stanley, International Finance Corporation del Banco Mundial, Fondo China México, CKD Infraestructura México, Caisse de dépôt et placement du Québec, Controladora Veta Grande a través de Hansam, Isla Guadalupe Investements, Megacable y Axtel. Originalmente, invirtieron 32.6% de la financiación para la Red Compartida equivalente a 14,525 millones de pesos.

El otro 29.2% proviene de la banca mexicana de desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomex) por 13,000 millones de pesos. Los desarrolladores y socios tecnológicos Huawei y Nokia contribuyeron con 17,000 millones de pesos (38.2% de la financiación total). Los demás acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que prestó 150 millones de dólares y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que aportó 50 millones de dólares

La cuarta y quinta etapas del duelo de Altán son la depresión y la aceptación. La empresa tiene 250 empleados. 

El 26 de enero de 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que “en caso de que Altán presente problemas financieros, la banca de gobierno tendría un riesgo por 17,750 millones de pesos”.

El concurso mercantil es un recurso legal al cual acude Altán para entablar negociaciones con sus acreedores cuando el peso de los adeudos hace imposible seguir al corriente en todos los pagos conforme se vencen. La premisa del concurso mercantil es básica: la empresa vale más operando que quebrada, porque el problema es financiero, no económico, es decir, no cuenta con recursos financieros para sufragar deudas, pero podría operar si tuviera flujo de efectivo. Si se logra el acuerdo, los acreedores condonan alguna parte de las deudas y Altán emerge debiendo menos. En caso de no lograr el acuerdo, la empresa entra en bancarrota y vende activos para pagar deudas.

Bajo la cláusula 19 del contrato de Asociación Público Privada, el Estado deberá recibir 1% de los ingresos de la Red Compartida. Según el dictamen del auditor externo (Salles Sainz Grand Thornton) del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), responsable de garantizar y supervisar la instalación de la Red Compartida, en 2019 y 2020 recibió 3 millones 430,790 pesos por ese concepto. Significa que Altán habría obtenido ingresos por poco más de 343 millones de pesos. El Promtel también recibió 438,815 pesos como contraprestación por el arrendamiento del espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz. 

La liberación de la banda de 700 MHz, idónea para cobertura social, generó derroches cuantiosísimos. Para que fuera aprovechada por la Red Compartida, el gobierno incurrió en costos por 28,296 millones de pesos para el proyecto de la Televisión Digital Terrestre. El Promtel se creó en 2016, entre 2018-2021 ha recibido presupuesto público por 634,464 millones de pesos. 

Uno de los objetivos de la Red Compartida es llevar servicios de telecomunicaciones a zonas no cubiertas actualmente por las redes comerciales. Sin embargo, según el Visualizador de Cobertura de la Red Compartida del Promtel, a marzo de 2021 Altán tenía cobertura de 99% en la Ciudad de México, 94% en Nuevo León y 92% en el Estado de México. En cambio, la cobertura en Chiapas era de 29%, en Guerrero y Oaxaca de 5%. Esta historia continuará.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.

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