La Ciudad de México tiene un serio problema de manejo de residuos. Se generan alrededor de 13,000 toneladas diarias; de ellas 2,000 (15%) se reciclan, 1,400 (10%) se tratan de hacer composta, 800 (6%) van a hornos cementeros como combustible alterno, y 8,500 (65%) a rellenos sanitarios en el Estado de México (4) y Morelos (1). Por razones de mercado y técnicas es muy difícil elevar el porcentaje reciclado. Los estados de México y Morelos asumen los costos de una gestión de residuos ineficiente e insostenible en la CDMX, y sin cobrar derechos por ello, aunque los dueños de los rellenos sanitarios obtengan una renta de alrededor de 1,000 millones de pesos anuales por el depósito de la basura capitalina en sus instalaciones.

Recordemos que el gobierno anterior promovió un ambicioso proyecto para procesar 4,500 toneladas diarias de basura y generar con ellas energía eléctrica para el Metro, en una moderna planta de termovalorización en el Bordo Poniente, la cual abatiría considerablemente la exportación de residuos a las entidades federativas vecinas. El proyecto fue cancelado por el nuevo gobierno morenista.

No obstante, y extrañamente, se publicó el 7 de enero del 2020, en la Gaceta Oficial, una convocatoria para construir Centros para el Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos (CPTAR) en la ciudad, por un volumen de 3,000 toneladas diarias. Se ubicarían en terrenos entregados en comodato por parte de las alcaldías o la propia administración central. Las propuestas y proyectos ejecutivos deben entregarse entre el 10 y el 28 de febrero, algo imposible y carente de toda seriedad, máxime si se desconoce la ubicación y características de los predios en cuestión. La asignación de predios implicaría una consulta pública; y previsiblemente un fuerte conflicto social en las alcaldías que haría inviable cualquier proyecto de este tipo. Más aún, cuando, de acuerdo a la convocatoria, se trata de simples plantas de incineración de basura, sin generación de electricidad, bajo normas ambientales de emisión de contaminantes obsoletas (NOM 085 y NOM 098) mucho más laxas que las existentes en países desarrollados (Europa, Estados Unidos, Japón). Sólo en el Bordo Poniente sería factible, donde se habría ubicado la planta de termovalorización que promovió el gobierno anterior. Si esa fuese la idea, parecería que la convocatoria es una forma de replicar el proyecto cancelado, pero sin las especificaciones técnicas adecuadas y sin un modelo de negocio factible.

Más extraño y contradictorio aún: absurdamente, la Constitución de la CDMX prohíbe la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de los residuos sólidos. (Artículo 16.5). Esta disposición fue introducida por los diputados del partido actualmente en el poder en la CDMX.

La convocatoria no define el tipo de tecnologías que incluirán las CPTAR; no especifica si serán hornos de parrilla, rotatorios o de lecho fluido; no establece el tipo de alimentación de residuos (continua o discontinua) ni el tipo de combustión (parcial o controlada), ni la generación de electricidad (termovalorización), lo cual es incomprensible. Una planta de termovalorización de 3,000 toneladas diarias podría ofrecer una potencia eléctrica de entre 90 y 100 MW, casi suficiente para abastecer al Metro.

Por otro lado, es imposible la viabilidad económica de una planta sin los ingresos por la venta de electricidad y sin un subsidio o contraprestación directa por parte del gobierno de la CDMX. ¿De dónde provendrán los ingresos de las empresas? Los residuos que recibirán ya estarán previamente seleccionados en los camiones y entregados los materiales valiosos en establecimientos informales de acopio que se encuentran en las inmediaciones de las estaciones de transferencia. Todo esto es muy raro, y debe ser aclarado.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.