Ley de economía circular: de una práctica voluntaria a una obligación legal

El pasado 20 de enero entró en vigor la Ley General de la Economía Circular (LGEC) y de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, tiene por objeto cuidar y conservar al medio ambiente a través de políticas y mecanismos para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos.

Si bien con la reciente publicación, México busca dar un paso firme hacia un modelo económico que proteja al planeta, expertos señalan que, aunque representa un avance, la legislación aún enfrenta desafíos significativos para transformar verdaderamente el diseño económico del país.

¿Qué es la economía circular?

En entrevista para El Economista, el Dr. David Pérez Castillo, profesor e investigador de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, explica que la economía circular no es simplemente un sinónimo de reciclaje o manejo de residuos. Su esencia radica en un cambio profundo del modelo de desarrollo para evitar el daño ambiental, lo que requiere ajustes en los incentivos económicos y en la forma en que se diseñan los productos desde su origen.

“Un verdadero modelo circular busca que los productos sean pensados para que nunca terminen en la basura, asegurando que existan canales de recuperación antes de que salgan al mercado. El objetivo final es transitar hacia una economía que favorezca tanto al planeta como a las personas”, señala.

De acuerdo con Mauricio Llamas, socio regulatorio de Hogan Lovelles, es la primera vez que México cuenta con un marco vinculante para economía circular, pasando de estrategias y obligaciones claras para empresas y autoridades. Asimismo, indica que uno de los cambios más relevantes para la industria es la incorporación de una obligación sustantiva de diseño.

“El artículo 36 de la LGEC establece que los sectores productivos deberán: Generar o desarrollar productos con diseño circular, cuando ello resulte ambiental, técnica y económicamente viable; e implementar las políticas, bases y principios de Economía Circular bajo un esquema de Responsabilidad Extendida del Productor, conforme a los acuerdos generales de implementación que emita Semarnat y en su caso, los convenios de concertación que se suscriban”.

Enfatiza que esto implica que el cumplimiento ya no se limita a la gestión del residuo al final de la vida útil, sino que alcanza la etapa de concepción, diseño y configuración del producto, incluyendo aspectos como vida útil, uso de materiales reciclados o reciclables y reducción de huella ambiental.

Lo más relevante de la nueva ley

El especialista David Pérez señala que la nueva legislación está dirigida principalmente a empresas y gobiernos y entre sus puntos más destacados están:

• Responsabilidad extendida del productor: Se establece que las empresas son responsables de los residuos que generan. Por ejemplo, si una industria emite 10 toneladas de plástico, tiene la obligación de recuperar una cantidad equivalente, promoviendo que el material regrese al ciclo productivo.

• Diseño circular y valorización de residuos: La ley incentiva la recuperación y el reciclaje, buscando que los materiales no se conviertan simplemente en desechos, sino que adquieran un nuevo valor desde que fueron creados.

• Certificación y registro: Se prevé la creación de un registro y una certificación para las empresas, aunque los criterios específicos y costos dependerán de la futura publicación de un reglamento.

A pesar de estos avances, el especialista cuestiona que la ley se centra demasiado en el manejo de residuos y no lo suficiente en la reducción de los mismos desde el diseño o en la creación de incentivos fiscales que faciliten a las empresas la transición hacia tecnologías más limpias.

¿En qué beneficia a las personas?

Aunque la ley no otorga atribuciones directas a los ciudadanos, su implementación busca un beneficio colectivo al obligar a las industrias a hacerse cargo de su impacto ambiental.

1. Reducción de la contaminación: Al responsabilizar a las empresas de recuperar el material que lanzan al mercado, se busca que los residuos no terminen contaminando ríos o espacios públicos, quitando esa carga exclusiva de los hombros de la ciudadanía y el gobierno.

2. Conciencia social y ética: La ley hace un llamado a la corresponsabilidad. Se espera que los ciudadanos acepten y acaten estas normativas como un acto de ética para no contaminar, integrando prácticas como la separación de residuos en la cultura cotidiana.

3. Protección del entorno: Al intentar frenar las consecuencias del cambio climático a través de modelos más sustentables, se busca preservar un medio ambiente sano para todas las personas.

Finalmente, el profesor David Pérez Castillo, indicó que el éxito de esta transición depende de que la economía circular recupere su significado original: un cambio sistémico. De tal manera que insta a los redactores de la ley a ir más allá del manejo de basura e incluir incentivos económicos macro. Por su parte, se invita a la ciudadanía a no oponer resistencia a estos cambios, pues, a pesar de las fallas que la ley pueda tener, el avance hacia la sustentabilidad es una necesidad urgente para el bienestar de todo.