Estados Unidos exige a Centroamérica decir sí a deportaciones y no a China

Los centroamericanos que están siendo deportados de Estados Unidos encuentran a sus países prácticamente igual que como los dejaron hace semanas, meses, años o décadas: con los mismos problemas de inseguridad y falta de oportunidades para tener una vida digna o, como dicen los entendidos, estar en el lado correcto de la línea del bienestar.

Los gobiernos de las naciones del área se apresuran a habilitar programas de recepción que los tratan más como gente que va de paso, en lugar de implementar políticas públicas de reintegración económica y social. Guatemala tiene un plan estructurado, pero su éxito depende de que logre reunir el presupuesto para ejecutarlo.

Si bien, esas naciones comparten el problema que implica que el gobierno estadounidense les esté regresando a sus connacionales “no autorizados” para vivir en Estados Unidos, a punta de órdenes ejecutivas, no hay condiciones para unirse en un plan común.

Tan solo en el triángulo norte centroamericano, el gobierno de El Salvador, se muestra obsequioso con el vecino estridente; el de Guatemala, aguanta el embate y el de Honduras, parece (solo eso) ignorado por andar queriendo quedar bien con un no amigo del bullying del barrio.

Y todo eso ocurría mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio visitaba algunos países del área con tres objetivos claros: buscar apoyo de los gobiernos locales a su plan de expulsión de migrantes no autorizados, contener el avance de China en la región y enfatizar su hegemonía en la zona.

Retornados encuentran desaceleración económica generalizada e inseguridad creciente

De acuerdo con el documento “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2024” de la Cepal, en México y Centroamérica, se observa una desaceleración de las tasas de expansión económica desde el segundo semestre de 2022. Sus economías se desaceleraron respecto del segundo semestre de 2023 y en el segundo semestre de 2024 llegaron a una tasa de crecimiento en torno al 2.1%. La desaceleración de la actividad económica ha sido generalizada en 2024.

En tanto, el reporte “América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana”, publicado en noviembre de 2024 por el Real Instituto El Cano, refiere que las democracias latinoamericanas afrontan un doble reto, donde se juegan su legitimidad y supervivencia a medio plazo: el estancamiento económico (que entra en su undécimo año) y el incremento de la inseguridad ciudadana (tanto de victimización como de percepción).

Según el análisis, ambas dinámicas alimentan la frustración de la población y su desconfianza hacia las instituciones inefectivas y cooptadas por el crimen organizado. La inseguridad ciudadana, que hunde sus raíces en las transiciones a la democracia de los años 80 del siglo pasado, aumentó en los últimos 25 años por el crecimiento del poder económico y de fuego del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico que han dado un salto cualitativo en los niveles de violencia y han aumentado su presencia regional y su capacidad de penetración en las instituciones, expone.

Marco Rubio pisa Centroamérica

A unos días del inicio de las deportaciones de migrantes ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado de esa nación, Marco Rubio, realizó su primera gira de trabajo internacional y fue a Centroamérica, del 1 al 6 de febrero. Viajó a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana.

El objetivo de ese viaje fue lograr que los gobiernos de los países del área colaboren con esa nación en sus políticas migratorias; comenzar la reconstrucción de la hegemonía estadounidense en Centroamérica y contrarrestar la influencia de China en la región, expone a El Economista, Daniel Chang Contreras, politólogo, jefe de análisis internacional de Politiks e integrante de Dissident Proyect.

Desde su perspectiva, el hecho de que el primer viaje al extranjero del secretario de Estado haya sido a Centroamérica quiere decir que Estados Unidos está reorganizando sus prioridades como potencia geopolítica.

En ese contexto, para el analista queda claro que el gobierno de Estados Unidos requiere de la colaboración de los países de la región para cumplir sus objetivos de expulsar migrantes no autorizados en su territorio.

En eso coincide el director del Centro de Estudios para la Democracia de Honduras Gustavo Irías quien dice a este periódico que en estos momentos es difícil que haya una reacción de los países de la región en bloque ante las expulsiones de sus ciudadanos desde Estados Unidos. “Lo que nos está diciendo la coyuntura es que los países tendrán que ver cómo actúan individualmente y con una gran debilidad”. Eso puede dar paso a escenarios de sometimiento e imposición.

Incluso se ve difícil desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), debido a que una de las condiciones que establece ese foro de concertación es que sus acciones se realicen por consenso y en estos momentos no hay condiciones para ello, indica.

Eso explica que la reunión "urgente" para hablar de los problemas migratorios, en medio de la ofensiva estadounidense contra la migración irregular convocada hace unas semanas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a sus homólogos de CELAC se cancelara.

En ese sentido, Daniel Chang Contreras, subraya que la imposibilidad de crear un frente común por parte de los países de la región ante Estados Unidos en el tema migratorio abre una ventana de oportunidad a Estados Unidos para tratar el asunto de la migración y otros más, de manera bilateral, lo cual lo coloca en una situación de privilegio.

Prueba de ello es que, ante la intención de recobrar el control del Canal de Panamá, no ha habido una reacción de los demás países de Centroamérica.

Además, no hay un liderazgo en la región y, si bien comparten un problema común, los intereses no están alineados.

No obstante, tal como lo recalca Gustavo Irías, el apoyo de los países centroamericanos emisores de migrantes hacia Estados Unidos es clave para el éxito del objetivo de Trump de expulsarlos del territorio estadounidense.

Por eso, tal como refiere Daniel Chang Contreras, el tema América Latina seguirá ocupando un lugar importante en la agenda del secretario Rubio, por lo menos en el mediano plazo, tanto para expulsar migrantes como para que lleguen más. Además, para contener a China de la región, el funcionario tendrá que visitarla más seguido, eso sí, tal vez, con la estrategia del palo y la zanahoria.

El Salvador se muestra obsequioso

Durante la estancia del secretario de Estado estadounidense en territorio salvadoreño, el presidente de esa nación, Nayib Bukele aceptó recibir a migrantes indocumentados de cualquier país, no solo de El Salvador y el propio mandatario ofreció sus cárceles para internar a delincuentes.

En su cuenta de X posteó “Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

Eso le valió al salvadoreño que el secretario de Estado dijera que eso era “un acto de extraordinaria amistad”.

En esa nación opera el programa “Bienvenido a Casa”, mediante el cual, durante el proceso de recepción a personas salvadoreñas retornadas se ofrece traslado a terminales de transporte para que se dirijan a sus lugares de origen o residencia; atención médica y psicológica; refrigerio; llamadas telefónicas a nivel nacional e internacional; pago de los costos de pasaje interno; implementos de higiene básica y conexión wifi para dispositivos inalámbricos.

Según lo dicho por el director de la Facultad Latinoamericana de Economía y Ciencias Sociales (Flacso) de El Salvador, William Pleites, a la organización civil Expediente Público, ese país “no está preparado para recibir al menos 150,000 personas deportadas”.

“En El Salvador están ingresando al mercado laboral 50,000 personas por año. Pero, solamente hay empleo formal para entre 13,000 y 15,000, de manera tal que de por sí la mayor parte de la población que ingresa al mercado laboral salvadoreño lo hace al sector informal”, indica.

Según esa organización y con base en datos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en 2024 ocurrieron 15,284 deportaciones desde territorio estadounidense, casi el doble que en 2023, cuando fueron 8,310. En 2022 fueron 7,231 y en 2021 el número fue de 2,872.

Honduras amaga con expulsar bases militares estadounidenses

Esta vez el viaje del secretario Marco Rubio no incluyó Honduras, uno de los pocos países de la región que reconoció la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, quien llegó al cargo en 2013.

De acuerdo con el director del Centro de Estudios Para la Democracia de Honduras Gustavo Irías, la no visita del secretario de Estado se explica porque Estados Unidos no considera a Honduras como un socio en la región y menos de confianza.

En ese sentido, Edwin Jahir Dabroy Araujo, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Guatemala, recuerda los señalamientos hacia la presidenta Xiomara Castro de tener presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

Días antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro advirtió que expulsara las bases militares estadounidenses de territorio hondureño si el republicano cumplía su amenaza de deportaciones masivas.

“Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar en el que, sin pagar un centavo, por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio”.

Estados Unidos opera en Palmerola, Honduras, la Base Aérea Soto Cano, sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, la cual se edificó con la misión de desalentar la agresión nicaragüense.

Sin embargo, con los días, la posición de la mandataria se fue diluyendo, aunque se mantiene la exigencia de trato humanitario a los deportados.

Por otra parte, a finales de enero, la presidenta anunció la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Emergencia para proteger a los migrantes deportados y dijo que la expulsión inmediata de hondureños desde Estados Unidos genera una crisis humanitaria y económica en esa nación.

Según la mandataria, la estrategia establece apoyo en áreas como salud, acompañamiento psicológico y social, asistencia legal, reunificación familiar y la creación de refugios y albergues temporales

Algunos cálculos refieren que alrededor de un millón 800,000 hondureños viven en Estados Unidos, entre residentes legales y no autorizados y alrededor de 262,000 tienen orden de deportación. Según el vicecanciller Tony García el país no está preparado para recibir esa cantidad de personas.

Según el director del Centro de Estudios Para la Democracia de Honduras Gustavo Irías lo que le ofrece el gobierno a los deportados no es suficiente para su reintegración económica y social.

También llama la atención que las organizaciones civiles que tienen como causa la protección a los migrantes están debilitadas, principalmente porque el gobierno decidió cancelar su acceso al presupuesto.

Guatemala se compromete a blindar su frontera con Honduras y El Salvador

El secretario Marco Rubio concluyó su primera gira de trabajo al extranjero en Guatemala, donde logró varios acuerdos con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, entre los que destacan la ratificación de ese país Centroamericano como socio de Estados Unidos; la cooperación en materia migratoria y en el combate al narcotráfico.

El mandatario Arévalo se comprometió a “ampliar las capacidades para que más guatemaltecos puedan regresar a su hogar”. Concretamente dijo que se acordó aumentar 40% los vuelos de retorno de migrantes, tanto guatemaltecos como de otras nacionalidades (pero de paso).

Además acordaron una reunión de alto nivel y con la participación de representantes del sector privado en Washington entre delegaciones de ambos países para crear acuerdos en materia económica, inversión y desarrollo productivo en Guatemala.

Acordaron reforzar iniciativas como el llamado Cinturón de Fuego en la frontera con México y las brigadas especiales de operaciones de Selva en El Petén.

Concretamente se acordó la creación de la Fuerza de Tarea y Control y Protección Fronteriza en la frontera con Honduras y El Salvador. En ese lugar, una fuerza combinada de la Policía Nacional Civil y del Ejército, velarán por combatir todas las formas de crimen transnacional, aseguró el mandatario.

El reconocido académico, Edwin Jahir Dabroy Araujo, menciona que Guatemala aparece como un actor interesante para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, porque lograr acuerdos con ese país implica, en términos prácticos, llevar su frontera sur, todavía más al sur de la frontera entre México y Guatemala, ahora hasta la frontera entre Guatemala con Honduras y El Salvador.

Recuerda que, en algún momento, Guatemala realizó trabajo de contención de caravanas de migrantes provenientes de Honduras y El Salvador. Lo relevante ahora, es que se ha pedido a Guatemala contener a los guatemaltecos, tanto los que sean deportados, como los que quieran irse a buscar el sueño americano. Además, que ayude en el paso de migrantes deportados de Estados Unidos rumbo a sus países ubicados al sur de Guatemala.

Para el académico, es justo ahí donde aparecen las dudas sobre si va a cumplir con esa tarea, debido a las limitaciones presupuestales para atender a los migrantes en tránsito.

Destaca que Guatemala sí tiene una política pública de reintegración económica y social para repatriados. Se trata del Plan Retorno al Hogar, que incluye una dimensión económica con estrategias de acceso a empleo; una social que incluye cobertura de servicios de salud y educativos e incluso ofrece atención psicosocial, que va desde el enfoque clínico y la reintegración al tejido social en sus comunidades. Sin embargo, el éxito de su implementación dependerá de si cuenta con el presupuesto necesario. Incluso se ha recurrido al apoyo internacional.

En 2024 Estados Unidos deportó a Guatemala a 66,435 personas; en 2024 fueron 20,179. En 2022 fueron 6,612 y en 2021 7,778.

México, destino no planeado

El director del Centro de Estudios Para la Democracia de Honduras Gustavo Irías, hace notar que en la práctica, desde el primer gobierno del presidente Trump, 2017-2021, México ha sido un destino no planeado de los migrantes hondureños que no han podido ingresar a territorio estadounidense o regresados de ahí.

En tanto, Edwin Jahir Dabroy Araujo, coordinador del ASIES, opina que eso sería complicado, principalmente por la falta de oportunidades para tener ingresos que les permitan vivir de manera digna. Sin embargo, ataja, no debe descartarse esa opción, sobre todo cuando se trata de personas que han llegado hasta el territorio mexicano víctimas de desplazamiento forzado.

El regreso forzado apenas comienza.