Washington. Es probable que la Corte Suprema no revise y dictamine, durante el resto del mandato de Donald Trump, el programa que protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, dejando en vigor la iniciativa de Obama a la que el gobierno de Trump ha tratado poner fin.

Ayer, no tomaron ninguna medida sobre la solicitud que hizo la administración de Trump sobre la revisión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que ha protegido a casi 700,000 personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños, comúnmente conocidos como dreamers.

En caso de que el tribunal acepte la solicitud de Trump, lo haría hasta el próximo mes de octubre y su resolución la daría a conocer en el 2020.

Toma de rehenes

DACA se ha convertido en un tema central durante las negociaciones para poner fin al cierre parcial del gobierno, con el presidente Trump ofreciendo una protección extendida pero temporal para los dreamers a cambio de miles de millones de dólares para construir un muro fronterizo.

Los demócratas consideran la oferta de Trump como una “toma de rehenes”.

Trump comentó en su momento su deseo de que la Corte Suprema tomara el caso y descubriera que él tiene la autoridad para cancelar el programa.

Una serie de tribunales estatales ha dicho que la decisión abrupta de Trump de terminar el programa de la era de Obama se basa en un razonamiento legal erróneo y que la propia administración no ha aportado una justificación sólida para ponerle fin.

La administración Donald Trump trató de ponerle freno al programa en el 2017. El entonces fiscal general, Jeff Sessions, informó al Departamento de Seguridad Nacional que el programa probablemente era ilegal.

Pero los tribunales han rechazado esa teoría y han mantenido en vigor el programa, lo que se traduce, para quienes ya están inscritos, en poder renovar su estatus de residentes.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, un defensor del programa, dijo que el año pasado se aprobaron más de 276,000 renovaciones para los próximos dos años.

Quienes son aprobados para participar en el programa tienen permiso de trabajo y están protegidos contra la deportación, siempre que cumplan con sus regulaciones y no violen las leyes.

La respuesta de la Corte Suprema representa un duro golpe contra los argumentos de negociación de Trump sobre el cierre de gobierno.