EU y México pactan remediación laboral en planta de Alimentos Grole

Los gobiernos de Estados Unidos y México formalizaron un plan de remediación para la empresa Alimentos Grole, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, con el objetivo de resarcir violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Este acuerdo representa el décimo segundo caso bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en el que ambas naciones establecen una ruta crítica de cumplimiento.

El documento establece que la compañía, dedicada al procesamiento de productos de cerdo y pollo, deberá reinstalar a doce trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada, otorgándoles el pago retroactivo de salarios y beneficios, o en su defecto, cubrir la liquidación total según la preferencia de cada afectado.

Asimismo, la empresa se comprometió a disolver el comité laboral interno alineado a la administración y a cesar cualquier intento de fomentar agrupaciones similares en el futuro.

Dentro de los compromisos adquiridos, Alimentos Grole deberá reestructurar su departamento de recursos humanos y relaciones laborales, aplicando medidas disciplinarias contra el personal que haya vulnerado los derechos sindicales.

También se contempla la creación de un protocolo de acceso a las instalaciones para el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (SITIES), organización que presentó la queja inicial.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México supervisará que la firma implemente una política de neutralidad y capacitación para todo el personal sobre los lineamientos de libertad sindical.

Además, se instalará un mecanismo de quejas anónimo y se difundirán los términos del contrato colectivo de trabajo a través de plataformas digitales internas para asegurar que la información sea accesible para toda la plantilla.

Por su parte, el gobierno mexicano se encargará de impartir capacitaciones presenciales a los empleados sobre sus derechos fundamentales y mantendrá canales de denuncia directa para investigar posibles actos de interferencia patronal. El proceso de queja inició el 29 de julio de 2025, tras la solicitud del Comité Interinstitucional de Monitoreo y Cumplimiento de Estados Unidos, el cual determinó la existencia de evidencia creíble sobre la denegación de derechos en la planta sonorense.

Ambas administraciones fijaron el 31 de marzo de 2026 como la fecha límite para completar todas las acciones descritas en el curso de remediación y dar por concluido el conflicto laboral bajo el marco del tratado comercial trilateral.