Acorralado por el escándalo de los audios en Perú, Guido Águila, un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), reveló este domingo que renunciará a su cargo.

La decisión de Águila se produce en medio del rechazo social ante la divulgación -hace una semana por el portal periodístico IDL-Reporteros- de una serie de grabaciones que revelan aparentes actos de corrupción y tráfico de influencias por parte de integrantes del CNM y jueces.

Según una encuesta de la firma Ipso difundida este domingo, 85% de los peruanos apoya la destitución inmediata de los miembros del CNM -órgano encargado de designar jueces y fiscales- involucrados en el escándalo.

Tras conocerse nuevos audios que lo involucran en supuestos actos de corrupción, Águila dijo a la emisora RPP: "He tomado la decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en la próximas horas".

En una de las grabaciones, Águila conversa por teléfono con un empresario de apellido Mendoza, quien le dice: "Necesito una empujadita (ayuda) a un amigo, Juan Canahualpa".

A lo que Águila responde: "Ya, hermano, por este medio no, llama al número de cuatro 9, y le das".

Canahualpa fue nombrado juez de paz en Lima.

"Sin que esto constituya ningún delito o tráfico de influencia, el señor (Juan Canahualpa) fue nombrado por unanimidad, votamos todos los consejeros su nombramiento, considero que ha quedado mellada la credibilidad de mi labor", dijo Águila sobre esa designación.

En tanto, Allan Wagner, jefe de la comisión presentara una propuesta de reforma judicial, dijo a la prensa que "sería conveniente que los miembros del CNM renunciaran, de tal manera que se pueda hacer una derogación completa del órgano".

De acuerdo con el sondeo de Ipso, realizado a nivel nacional entre el 11 y 13 de julio, 80% de los entrevistados desaprueba la gestión del Poder Judicial y 73% la de la Fiscalía de la Nación.

El escándalo de los audios ya provocó la destitución del ministro de Justicia Salvador Heresi, la suspensión de cinco jueces y tres funcionarios, así como el impedimento de salir del país de varios magistrados.

El escándalo es un "déjà vu" de la historia peruana reciente, ya que la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída de dos presidentes, Alberto Fujimori en 2000 y Pedro Pablo Kuczynski en marzo, así como la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exmandatario).